1 de marzo de 2023

El Vocero

El abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF), Martin Bienenstock, dejó la puerta abierta a la implementación de un aumento a la tarifa del servicio eléctrico para sufragar el pago a los pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la vista celebrada ayer en la que la jueza Laura Taylor Swain aprobó el escrito de divulgación de la versión enmendada del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la corporación pública.

Este incremento, se indicó, se cobraría separado del “cargo heredado” propuesto por el ente fiscal para sufragar el pago a los acreedores, que podría conllevar un pago promedio de $19 mensuales.

“Los únicos ingresos de la AEE dependen del cobro de tarifas a sus consumidores y en estos momentos tienen suerte si esto apenas cubre los gastos operativos en su totalidad, por lo que de no haber aumentos los acreedores recibirán cero”, aseveró Bienenstock.

El letrado hizo mención de la marcha efectuada ayer —por integrantes de organizaciones civiles, sindicales y ambientales— en oposición al alza en la factura de energía eléctrica propuesta para pagar la deuda.

Argumentó que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y otras entidades “quieren que el fondo de retiro esté completamente financiado como si el dinero se fuera a materializar de la nada”.

“Lo que propusimos en el plan es que vamos a pagar (las pensiones) bajo el sistema ‘PayGo’, igual que se hizo con el plan de retiro del gobierno”, señaló.

Explicó que la evaluación realizada por la junta fiscal sobre el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE reveló una insuficiencia de fondos que alcanza los miles de millones de dólares.

“A base de las ganancias actuales, eso por sí solo crearía una necesidad de un aumento de tarifas”, advirtió Bienenstock, quien considera que “francamente, el sistema no cuenta con los fondos y no hay más nada que podamos hacer, a menos que puedan materializar algunos billones. Si lo hacen, espero que nos expliquen cómo lo hicieron”.

El asunto de los pensionados de la corporación pública salió a relucir en varias instancias durante la vista, que comenzó después de las 9:30 a.m. y se extendió hasta las 5:20 p.m. de ayer.

El licenciado Peter Friedman, representante legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), le indicó a la jueza Swain que esta agencia trabaja, junto a la junta fiscal, en la búsqueda de una solución a la crisis que atraviesa el sistema, que podría quedarse sin dinero para el pago de pensiones tan pronto como el próximo mes abril.

Por su parte, el abogado Rafael Ortiz Mendoza, representante legal del Sistema de Retiro, reclamó que no está claro cómo la junta fiscal encontrará una fuente de pago y argumentó que el ente fiscal persigue la eliminación de la entidad que representa.

 

“Han tenido un objetivo y es el de congelar los beneficios y eliminar el Sistema de Retiro. En ningún momento han considerado salvarlo. ¿Cómo van a costear todo esto, con otro cargo heredado?”, cuestionó Ortiz Mendoza, quien insistió en la posibilidad de imponer otro aumento tarifario para mantener a flote el pago a los pensionados de la corporación pública.

Abogan por el cargo heredado

Bienenstock informó durante la vista que la junta fiscal espera tener la aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para el cargo heredado, antes de que el Plan de Ajuste llegue a la etapa de confirmación.

“Estamos trabajando con el Negociado de Energía y esperando la aprobación de las tarifas que necesitamos para el plan antes de llegar a su confirmación. Eso puede que ocurra o puede que no, por lo que estamos evaluando si entonces retrasamos el proceso en lo que se logra”, expuso.

El licenciado hizo claro que la junta fiscal no ha tomado una determinación sobre presentar a la corte la solicitud de cambio de fecha para ratificar el Plan de Ajuste, proceso que podría culminar en julio.

Sobre el rol del negociado, indicó que aunque las “leyes locales establecen que debe aprobar las tarifas necesarias para el pago de la deuda”, en su rol público también está obligada a incorporar otros factores como las implicaciones que estos aumentos pueden tener en Puerto Rico y cuál es el tope que los ciudadanos pueden pagar.

Bienenstock respondió, a preguntas de la jueza Swain, que la junta fiscal está dispuesta a enmendar el escrito de divulgación para agregar una oración que especifique que cualquier aumento tiene que ser aprobado por el negociado, a solicitud de la representación legal de PV Properties.

Objeciones a destiempo

En la vista, la jueza Swain expuso que entiende que son “prematuros” los argumentos y las objeciones presentadas por las partes que se opusieron al escrito de divulgación —entre las que figura el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados, el Grupo Ad Hoc de bonistas, Syncora Guarantee Inc. y el grupo Ahimsa— luego de haberlos considerado cautelosamente.

“Los argumentos son asuntos medulares al plan que deben atenderse a la hora de su confirmación. Entiendo que el escrito provee la información adecuada para que un acreedor pueda emitir un voto para apoyar o no el plan”, concluyó la jueza.