24 de octubre de 2009
El Nuevo Dia
A escasamente tres semanas de que el pleito de clase radicado por Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de Educación (DE) cumpla 29 años, el nivel de cumplimiento de la agencia en torno a las 87 estipulaciones acordadas hace siete años es "mínimo". Sin embargo, padres de estudiantes del Programa de Educación Especial aseguran que la situación es peor ante las numerosas cesantías de empleados públicos de la agencia, provocadas por la Ley 7 de Emergencia Fiscal. Durante una vista de seguimiento del caso en la sala 505 del Tribunal Superior de San Juan -la cual contó con la nutrida presencia de participantes y padres del programa-, la monitora del pleito, Priscilla Negrón, reveló que el nivel de cumplimiento bajó. Según explicó, el juez Oscar Dávila Suliveres -quien presidió el caso durante los últimos ocho años pero se retiró del mismo en febrero pasado ya que se acogió a la jubilación- había desarrollado una Hoja de Control Global en la que establecía cuatro niveles de cumplimiento, del 1 (mínimo aceptable o crítico) al 4 (altamente satisfactorio). En noviembre pasado el nivel de cumplimiento del DE era 2. Ayer bajó a 1. "La trayectoria histórica refleja niveles de cumplimiento mínimamente aceptables para la mayoría de las estipulaciones", dijo Negrón tras ofrecer un informe sobre el estado de cumplimiento hasta abril del año en curso. Entre las estipulaciones con menor desempeño, la monitora resaltó el término en que los estudiantes reciben servicios tras ser evaluados, el referido para una evaluación que determine si son elegibles y las becas de transportación. Otra de las áreas más críticas es la de asistencia tecnológica. Reina el desconocimiento Por otra parte, Negrón subrayó que le preocupa el desconocimiento que impera en el DE sobre la sentencia y las estipulaciones del caso. Durante la vista se informó que siete años después de haberse dictado la sentencia y las estipulaciones del caso, aún hay áreas en controversia. Según trascendió, hasta febrero de este año había 103,118 niños recibiendo servicios de Educación Especial, la mayoría por problemas específicos del aprendizaje, seguido por problemas del habla y lenguaje y retardación mental. Por otro lado, se estima que unos 802 estudiantes de colegios privados reciben servicios de este programa, aunque Negrón resaltó que el DE tiene el deber de localizarlos, registrarlos y evaluarlos para determinar si más estudiantes necesitan recibir estos servicios. Según el licenciado Juan Santiago Nieves, quien representa a la parte demandante, es sumamente preocupante que a siete años de haberse dictado las estipulaciones sólo se estén cumpliendo 50 de un total de 87 y que, aún así, el cumplimiento de la mayoría sea "mínimamente aceptable". "Era lo esperado por la cantidad de querellas de los padres. Es lamentable que por más dinero que tenga Educación, el cumplimiento siga deficiente. Se tendrán que tomar medidas drásticas", señaló Vélez.
