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| Por el libro |
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13 de mayo de 2009
El Vocero
Primero se estancó dramáticamente la venta de propiedades inmuebles y ahora podrían paralizarse los arrendamientos cuando entre en vigor la nueva contribución sobre la propiedad –que duplica la cantidad a pagar- a partir de julio próximo. La nueva contribución amparada en la Ley 7, y que todo dueño de propiedad tendrá que pagar desde el 1 de julio de 2009 por los próximos cuatro años, el pago será trimestral y no cada seis como hasta ahora. Esto significa que los dueños de una casa o apartamento tendrán que desembolsar el doble de lo que le pagaban al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en la mitad del tiempo, según la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Inc. El efecto inmediato podría ser un alza en costos de alquiler, o una menor ganancia para los dueños de propiedades, que en algunos casos no cubrirán sus pagos de hipoteca. El pago de contribución varía según el municipio donde ubica la propiedad y su valor en el mercado. Se estima que para 2010 habrán unas 422,838 viviendas alquiladas, que deberán generar 3.2% del Producto Bruto. Al presente existen 390,000 viviendas de alquiler, únicamente bajo el programa de subsidio de vivienda Plan 8. Milton Serrano, presidente de Asociación, indicó que el sector de Plan 8 es el que más se afectará con el aumento de las contribuciones. Las viviendas del Plan 8 tienen una gran demanda y una oferta limitada, con un déficit de cerca de 28,000 viviendas que se necesitan para personas de escasos recursos económicos. "Los dueños que rentan a través de Plan 8 tienen que pagar su hipoteca, seguros, contribuciones, tienen que tener la propiedad en excelentes condiciones y algunos casos tienen que incluir las utilidades en la renta. Ahora están analizando estos gastos versus lo que les produce la renta y se dan cuenta de que no es costo efectivo. Entonces piensan si vale la pena continuar en este negocio", dijo Serrano, y mostró preocupación por la demanda que habrá en el sector de la vivienda de interés social luego del despido de empleados públicos. En términos generales, la demanda de alquiler sigue alta, pero algunos sectores como los de rentas altas la demanda está estancada. "El mercado de la renta alta, de más de $2,000, se ha aguantado y las rentas entre $400 y $800 se están moviendo más. Aunque en general, ha aumentando la tasa de desocupación que antes estaba entre un 3% y 5% por ciento y ahora ronda entre un 12% y 15%", explicó Pedro F. Viera, miembro de Asociación. Añadió que "las personas están alquilando por debajo de las hipotecas y estas propiedades no tienen ninguna exoneración. Esta situación más los incrementos en los gastos de servicio y mantenimiento suben los márgenes de forma acelerada. El alza es un golpe mortal para la industria en este momento". Esta situación traerá como consecuencia que tanto el sector de la venta de los bienes raíces como el de arrendamiento se vean afectados, ya que más personas podrían dejar de comprar casas por los altos costos, los arrendadores tendrán un gasto adicional que cobrarle a sus inquilinos y la banca podría tener más casos de morosidad y ejecuciones de propiedades. Viera indicó que la Asociación ha llevado su preocupación a los legisladores y esperan reunirse con los asesores de La Fortaleza esta semana para pedir una enmienda sobre el particular. Por su parte, Milton Serrano, hijo, secretario de la Junta de Directores de la entidad, explicó que los esfuerzos del Gobierno van dirigidos al sector de la construcción con el fin de ayudar a las personas a adquirir un hogar, sin embargo, no existen incentivos para los arrendadores, aunque cerca de un 27% de las viviendas en Puerto Rico están destinadas al alquiler. Sobre el tema, Viera añadió que un estudio presentado recientemente en el Senado por la Asociación de Constructores de Hogares mostró que sólo el 50% de la población tiene la capacidad de comprar una propiedad de más de $90,000. Pidió que se le de la importancia a los dueños arrendadores, ya que son quienes le proveen un techo a muchos puertorriqueños que no cualifican para un préstamo hipotecario por los altos costos, la falta de empleo, historial de crédito insatisfactorio y porque cada vez los bancos son más exigentes al momento de aprobar nuevas hipotecas.
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