Inicio  





 Lo Más Visto
- SE EXIGIRÁ A LA MAYORÍA DE LOS PROVEEDORES DE INTERNET AGREGAR ETIQUETAS PARA EL CONSUMIDOR
- Las tasas hipotecarias en EE.UU. aumentaron a 6.82% durante la primera semana de abril
- Buscan que residentes de condominios puedan contratar libremente el proveedor de internet de su pref
- Retiran del mercado detergentes para ropa Tide y Gain debido al riesgo de lesiones graves
- EE.UU. acusa a China de inundar los mercados mundiales con productos baratos




  Por el libro
Bookmark & Share

El Vocero

Una enmienda de última hora cambió completamente la promesa publicitada del gobierno y la Legislatura de que los alimentos no procesados no tributarían en el nuevo orden tributario, salvo mínimas excepciones, y ahora más cosas que entren al carrito de compras pagarán el propuesto y temporero Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de 11.5%.

De aprobarse en el Senado y recibir la firma del gobernador Alejandro García Padilla, entraría en vigor el próximo 1 de julio, con el inicio del nuevo año fiscal.

La introducción de la enmienda al final de los trabajos -entrada la noche- en la Cámara de Representantes, fue descrita por el sector de alimentos como “una tomadura de pelo” que tiró al suelo la promesa del Primer Ejecutivo de la Isla.

Esto plantea cambios drásticos para el manejo contributivo de los comercios y supermercados, y sobre todo, para el bolsillo de los consumidores. En el caso de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que representan unos $2,000 millones de los $9,000 millones que produce la venta de alimentos en Puerto Rico, está la preocupación mayor de la industria, ya que a estos no se les podrá cobrar el nuevo IVU y los negocios tendrían que asumir el impuesto, tanto en la venta al detal como en sus transacciones de compras.

 

“Para nosotros esto es una sorpresa de grandes proporciones y un cambio dramático de la política pública expresada en los medios y en las versiones originales de los dos proyectos de reforma. El impacto de esto es enorme”, sentenció Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), visiblemente consternado.

Según la enmienda, lo que se hizo fue cambiar la definición de “Alimentos e Ingredientes para Alimentos”, para incluir lo que tributaría en las compras de los consumidores, como suplementos dietéticos, bebidas isotónicas, deportivas o energizantes, así como barras nutricionales o energizantes. Se incluye también en la tributación a los dulces, palomitas de maíz, nueces, avellanas, almendras, pistachos y productos similares no importa si son secos, frescos, azucarados, salados, etcétera. También las galletas de soda.

Igualmente, se modificó la definición de alimentos preparados, que aunque si pagaban, se amplió y ahora estos incluyen “alimentos congelados, refrigerados, enlatados, envasados o de cualquier otra manera preservados o empacados que estén total o parcialmente pre-cocinados (incluyendo mantecados y helados)”. En cambio, se excluyen los granos y legumbres, las carnes, pescados y embutidos; “y comida que sea mercadeada para bebés o niños, según indicado en su etiqueta u otro documento promocional”.

La venta de alimentos preparados en la Isla representa unos $4,000 millones del total que genera la industria de alimentos en general.

 

“Aquí hay un cambio del 7% actual al 11.5% en unos alimentos, y en otros casos es un cambio del 0% al 11.5% y todo esto va a afectar negativamente a los consumidores”, señaló Reyes Alfonso.
Dijo que es muy fuerte el encarecimiento de la comida a los puertorriqueños “porque todo el mundo necesita comer y todos los días” y las personas no aguantan más impuestos.

Comentó que el otro problema de gran peso es que los comerciantes van a tener que pagar los productos y cuando lo vendan a los beneficiarios del PAN “se quedarán pillao y eso no le ocurre a ninguna otra industria”.
“Nosotros lo tenemos que pagar al suplidor (el impuesto), pero cuando va al detal no se le puede cobrar a los clientes del PAN porque la ley federal lo prohíbe. Eso no está claro”, abundó, y resaltó que la disparidad entre quienes pagarán el IVU agrandado y los que estarán excluidos en sus compras de alimentos “podría traer una dificultad social”.

“Aquí el impacto es directo e inevitable y estas enmiendas representan un cambio de política pública. Ha habido un intento de esconderlo hasta lo último”, reiteró Reyes Alfonso.

Recomendó que todos los representantes de la industria hagan sentir su indignación y recabó de los consumidores a que analicen lo que se ha propuesto y aprobado en la Cámara de Representantes. El proyecto podría ir hoy ante el Senado para su consideración.

“Estamos informando a toda la industria y al país. Ya le hemos dejado saber a varios representantes en la Legislatura porque la exclusión de los alimentos en la tributación era lo que quedaba para evitar la regresividad y ya no estará en gran parte”, puntualizó el representante de MIDA. “Esto no se discutió con nosotros ni con el País. Vamos a ver ahora cuál va a ser la postura del Senado”.

A pesar de las gestiones, al cierre de la edición no fue posible conseguir una reacción del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.