Una demora de varias semanas en la entrega de gas natural licuado (GNL) obligó a Puerto Rico a utilizar diésel para sostener la generación eléctrica, una sustitución que habría costado aproximadamente $32 millones a residentes y empresas entre el 16 de septiembre y el 12 de octubre de 2026, según estimaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El episodio vuelve a poner el costo y la seguridad del abastecimiento energético en el centro del debate económico. El diésel es más caro que el GNL y su uso imprevisto aumenta la presión sobre los costos de generación, con posibles repercusiones para hogares, comercios e industrias.
La controversia gira alrededor de un contrato entre la AEE y NF Energía LLC (NFE), vigente desde diciembre de 2025 y aprobado por la Junta de Control Fiscal. El acuerdo busca garantizar el suministro de GNL a centrales eléctricas.
Una de las disposiciones centrales del contrato exige que NFE permita la entrega de GNL por proveedores externos a través de sus instalaciones portuarias cuando la empresa no pueda suplir el combustible. En esas circunstancias, debe formalizarse un acuerdo con un proveedor alterno conforme a la hoja de términos de peaje incluida en el contrato.
Para la Junta, este mecanismo fue una condición indispensable para aprobar el acuerdo. Su objetivo es evitar que una disputa comercial o una falla de una de las partes interrumpa el acceso al combustible que necesita el sistema eléctrico. Disponer de más de una fuente de suministro puede reducir la exposición a combustibles sustitutos más costosos, estimular la competencia y limitar gastos que finalmente recaen sobre consumidores y empresas.
La Junta indicó que respaldará a la AEE y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en sus esfuerzos por hacer cumplir el contrato. También anunció que colaborará con el Gobierno para reunir a las partes pertinentes y coordinar medidas destinadas a prevenir futuras interrupciones.
