10 de diciembre de 2007
Por: La Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor del Senado (Senador Orlando Parga)
El Capitolio- La Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor del Senado ha cumplido y seguirá cumpliendo con su deber de orientar, educar y prevenir a los consumidores sobre los esquemas de discrimen y abuso de precios altos que ha detectado en las cadenas de establecimientos comerciales operando en nuestra jurisdicción. Tal actividad es parte principalísima de nuestro servicio público.
Invito a los Directores de la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y la Asociación de Productos de Puerto Rico a unirse a nosotros. “No me explico porqué es que no se han preguntado ellos, como nos preguntamos nosotros, cómo el factor del arbitrio del 6.6% sigue presente más de un año después de eliminado tal y como lo establece en sus resultados preliminares el estudio que ordenamos al Profesor Gilberto Arvelo. ¿Cómo es que hay artículos a la venta en Puerto Rico un 100 y un 50% más caros en las mismas tiendas, que al precio que se mercadea en otras jurisdicciones de los Estados Unidos continentales?. ¿Cómo es que año tras año se repite el mismo patrón de insensibilidad y menosprecio a nuestros consumidores ofreciendo especiales sin existencia suficientes para satisfacerlos?.
Las Corporaciones Multinacionales que sostienen un esquema de discrimen contra los mercados hispanos, no pueden hacerlo impunemente en esta jurisdicción compuesta por ciudadanos estadounidenses. “No puedo creer que hayan puertorriqueños disponibles y dispuestos para justificarlo y que, de así hacerlo, se estén confabulando con ejecutivos y administradores del exterior que con sus decisiones inflan sus precios en Puerto Rico”.
Desde muy joven he vivido adherido a la filosofía republicana creada por Abraham Lincoln de que el Gobierno debe interferir con el sector privado únicamente cuando sea ineludible hacerlo. La frialdad, indiferencia e inacción de los representantes del sector privado del mercado puertorriqueño en salir en defensa de nuestros consumidores hace ineludible la interferencia del Gobierno en este asunto.
Cuando hablamos sobre la creación de empleos y sobre conservar empleos en la industria del comercio, hay que primero entender que tal actividad comercial depende de la confianza y el patrocinio del consumidor. Lo sabio y lo justo es protegerlos porque ellos son la fuente de ingreso que crea los empleos. Que se graben eso en su conciencia los directores de las asociaciones que hoy me atacan por hacer mi trabajo.
