12 de febrero de 2026

Sin Comillas

Las democracias, tradicionalmente con un mejor desempeño en la lucha contra la corrupción, están experimentando un deterioro preocupante, incluidos Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Francia y Suecia, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional.

La 31ª edición del IPC muestra que el número de países con una puntuación superior a 80 ha disminuido de 12 hace una década a solo cinco en 2025.

Otro patrón preocupante es la represión del espacio cívico. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en la puntuación también han experimentado una reducción de las libertades de expresión, asociación y reunión, lo que dificulta que los periodistas y la sociedad civil denuncien la corrupción.

Con una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100, las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción. Desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras significativas.

Los países con puntuaciones más altas en las Américas son Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68). Estos se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su crecimiento limitado y sus retrocesos son preocupantes.

Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16) vuelven a ser los tres países con las puntuaciones más bajas de la región, caracterizados por altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción estructural.

Estados Unidos (64) profundizó su tendencia en descenso hasta alcanzar la puntuación más baja registrada. Aunque todavía no se refleja el impacto de los acontecimientos de 2025, las medidas recientes, como atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial, suscitan gran preocupación. Más allá de las conclusiones del IPC, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas, mientras que los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global.

Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas. Las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno.

Transparencia Internacional advierte que la ausencia de un liderazgo político audaz en la lucha mundial contra la corrupción está debilitando los esfuerzos internacionales y reduciendo la presión para reformas en países de todo el mundo.

“La corrupción no es inevitable. Sabemos lo que funciona cuando se trata de responsabilizar al poder por el bien común: rendición de cuentas democrática, supervisión independiente y una sociedad civil libre y abierta. En un momento en que estamos viendo un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, hacemos un llamamiento a los líderes para que actúen con integridad y cumplan con sus responsabilidades de proporcionar un futuro mejor para las personas de todo el mundo”, señaló François Valérian, presidente de Transparencia Internacional.

Transparencia Internacional insta a los gobiernos a:

·       Renovar el liderazgo político en la lucha contra la corrupción mediante la plena aplicación de las leyes, el cumplimiento de los compromisos internacionales y el fortalecimiento de la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.

·       Proteger el espacio cívico poniendo fin a los ataques contra periodistas, ONG y denunciantes y frenando los esfuerzos para restringir a la sociedad civil independiente.

·       Cerrar las lagunas legales que permiten que el dinero corrupto se mueva a través de las fronteras, incluyendo el fortalecimiento de la transparencia de los beneficiarios finales y la regulación de los facilitadores profesionales.