9 de febrero de 2009
La Opinion
Una propuesta presentada al Congreso la semana pasada propone bloquear los teléfonos móviles en las prisiones. La intención es que ningún preso pueda tener acceso a llamadas al exterior a través de un celular. Aunque de momento inhibir la señal de teléfonos celulares en prisiones es ilegal, dos senadores republicanos del estado de Texas, Kay Hutchison y Kevin Brady (R-TX), presentaron la semana pasada un proyecto para que se anulen esas comunicaciones a fin de prevenir que delincuentes sigan operando sus negocios ilícitos desde las prisiones. "Esta legislación debe combatir los negocios que se operan desde detrás de las rejas y que atentan contra la seguridad de víctimas inocentes, quienes sufren el acoso y los actos de estos delincuentes", comentó la senadora Hutchison. De acuerdo con datos del sistema penitenciario de California, cada año son detectados alrededor de mil teléfonos celulares internos en promedio, una cantidad que el año pasado superó los 1,300 inalámbricos en los primeros seis meses de 2008. En otros estados como Tennessee, Texas, Carolina del Sur y Florida el contrabando de estos aparatos a las prisiones se ha incrementado hasta en un 70% ya que según expertos en la materia la presencia de nueva tecnología hace más fácil la introducción ilegal de estos aparatos en las cárceles del país. Las autoridades están empleando diversos métodos para detectar estos artefactos, que son introducidos en rollos de papel o latas de soda y que por los nuevos tamaños —ahora más diminutos e incluso por estar fabricados casi en su totalidad de plástico— pueden pasar fácilmente por detectores de metales. "Es urgente que mis colegas apoyen esta legislación. Es inaceptable que esos presos tengan acceso a amenazar a personas desde detrás de las rejas y que esto continúe sin parar", declaró en un comunicado el senador Brady. Departamentos de prisiones a lo largo del país reportan un incremento en el número de llamadas realizadas por los presos desde teléfonos celulares. Recientemente una investigación realizada por autoridades de Texas encontraron que más de 2,800 llamadas fueron realizadas por Richard Tabler, un criminal convicto quien asesinó a dos personas en el fin de semana del Día de Acción de Gracias de 2004. Tabler realizó llamadas amenazantes al senador John Whitmire, diciéndole que sabía el nombre de su hija y donde vivía. Investigaciones indican que los presos ofrecen pagar hasta tres mil dólares por uno de estos aparatos y algunas visitas llegan a abrirse heridas en su cuerpo para esconderlos y contrabandearlos a la prisión. "Los teléfonos celulares son ahora considerados como el dinero fresco de los reclusos", expresó Howard Melamed, de la empresa CellAntenna, la cual ha presentado simulacros para demostrar cómo operarían los inhibidores de señales. Sin embargo, para algunos grupos de defensa civil y empresas de telefónica celular, aprobar una ley de este tipo violaría las garantías individuales de aquellos que sí tienen derecho a utilizar este tipo de servicio y a su vez pondría en riesgo su seguridad en caso de registrarse un acto violento. "Son propuestas que atenta totalmente contra los derechos de otros civiles y contra la libertad", expresó Brenden Sloan, portavoz de la organización Derechos Humanos USA. De aprobarse, la legislación permitirá al director del Departamento Federal de Prisiones o al gobernador de cada estado a someter una petición a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para solicitar la implementación de inhibidores de señales telefónicas en sus instalaciones correccionales. Leyes aprobadas en 1934 prohíben la instalación de aparatos que interfieran con las señales telefónicas y únicamente se autorizan frente a casos legítimos en los que esté en riesgo la seguridad pública.
