Metro Puerto Rico
A pesar de que no se había informado a la ciudadanía, el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, confirmó a Metro que, si una persona no paga un plazo de 30 días una fotomulta a partir del día que recibe el boleto, “se le cobra un recargo”, como ocurre con las infracciones de tránsito de la Policía.
“No se aplica si usted radica un recurso de revisión a esa multa, que es lo mismo que le asistiría a lo que llamamos multas en movimiento, entiéndase las multas que da la Policía”, manifestó. El recargo sería de $5 por mes.
Sin embargo, indicó que “no me consta” si un retraso en el pago de los boletos se reporta a las agencias de crédito, ya que “no es parte del contrato” con la empresa International Traffic Systems, LLC (ITS), pero que “voy a analizar” si iniciará una investigación al respecto. Dos empleados del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Bayamón dijeron a Metro que sí se “dañaba el crédito” si no pagaba a tiempo las fotomultas.
Por otro lado, Torres rechazó comentar sobre los posibles problemas para radicar recursos de revisión de las fotomultas porque “eso es un asunto que se está llevando en los tribunales”. Este es uno de los argumentos del abogado Hiram Torres Montalvo en el interdicto radicado contra el DTOP para que detuviera la implementación de las fotomultas, el que, según Torres, “no me consta” que haya llegado a la agencia. “No he recibido ningún emplazamiento”, agregó.
Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo a Metro que se opone a la implementación del sistema de fotomultas en la isla y que no ha sido consultada para discutir la ubicación de las cámaras del programa, que inició en octubre y del que se han enviado sobre 11,000 boletos. El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, tampoco ha sido consultado para la instalación de las cámaras en su municipio.
“En un momento dado, a nosotros en el municipio de San Juan nos vinieron a ofrecer el servicio de las fotomultas y les dijimos que no por una multiplicidad de problemas que pudimos prever, muchos que son los que se están dando ahora”, sentenció Cruz.
Por tal razón, la funcionaria municipal le recomendó al Gobierno “recoger vela, escuchar y volver a lanzar”, refiriéndose a la necesidad de iniciar un diálogo con los ciudadanos que se han opuesto al programa, que busca reducir los accidentes de tránsito en la isla y mejorar la forma de conducir.
DACO determina si tiene jurisdicción
Por su parte, el secretario de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames, manifestó ayer a Metro que solicitó a la División de Pesas y Medidas que evalúe si la agencia podría tener jurisdicción en la regulación y calibración de las cámaras de las fotomultas. La información será remitida a la división legal de la agencia, que presentará un memorando legal al secretario la próxima semana.
Sobre el particular, el gobernador Alejandro García Padilla insistió en que el DACO, “como agencia, regula a la empresa privada. No así al Gobierno. El DACO puede colaborar con (la Autoridad de) Carreteras en la calibración (de las cámaras). Hay que evaluar eso”. Además, reiteró que “el que no quiera que se le multe que no viole la Ley de Tránsito”.
