 |
| Pacientes dicen que es una injusticia dar una compensación tan baja. / Foto por: Primera Hora / Archivo |
Primera Hora
Lo que el Gobierno no pudo hacer por ley lo está haciendo a través de un reglamento al que no se le ha dado publicidad: fijar un tope de tan solo $75,000 para las indemnizaciones a las víctimas de impericia médica que se atiendan en hospitales privados que Salud designe como centros de servicios de trauma.
La Asociación de Víctimas de Impericia Médica denunció que Salud aprobó en diciembre pasado un nuevo reglamento para el manejo uniforme de trauma y servicios de emergencias médicas y le introdujo al documento un artículo que les extiende a los hospitales privados que funjan como centros de trauma los mismos límites de responsabilidad de instituciones públicas como Centro Médico.
No importa la gravedad del daño que se les inflija ni las consecuencias ulteriores para su vida, estos pacientes se van a tener que conformar con una compensación personal de hasta $75,000, y él y los demás perjudicados de su entorno familiar, con un máximo que no podrá exceder los $150,000.
El portavoz de la Asociación, el abogado Rafael García, subrayó que el Gobierno no solo “privatiza la inmunidad del Estado” al procurar que los profesionales de la salud no puedan ser objeto de demanda en estos casos, sino que está permitiendo que cualquier hospital pueda beneficiarse de ese privilegio.
El concepto de centro de trauma que está manejando el Gobierno es bien laxo y, según García, “ahí cabe todo”.
El Reglamento del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y Servicios de Emergencias Médicas, con fecha del 29 de diciembre de 2011, establece cuatro categorías de organización y la del nivel tres, por ejemplo, lo que exige es una evaluación inicial y estabilización del paciente.
En cuanto al servicio de médicos especialistas, llama la atención que en el nivel de servicio más amplio, el uno, se mencione que la cirugía cardiaca es un servicio esencial, pero estará “disponible lo antes posible”.
Igual la cirugía ginecoobstétrica, la ortopédica, la oftalmológica y otras.
“Eso es en los niveles más altos; en los más bajos, ni eso. Lo que va a pasar es que las tardanzas van a ser premiadas. Estos médicos pueden tardar cuatro o cinco horas en llegar y eso puede resultar crítico para el paciente”, afirmó el portavoz de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica al reclamar que Salud lo que les está diciendo a los hospitales es “sigue con lo que tienes, que no es distinto a esto”.
A los centros de trauma privados también les añadieron los servicios de emergencias médicas y, bajo la inmunidad del Estado, todo lo que le pase al paciente en la institución, desde que llega hasta que es dado de alta, quedará relacionado con el trauma.
La Asociación –que inicia hoy una campaña de publicidad achacándole al gobernador Luis Fortuño que para él la vida de una víctima de impericia vale poco– anticipó que la nueva política pública va a perjudicar a los pacientes en general, víctimas o no de malpractice.
Con una cuantía tan baja en las compensaciones, se señaló que la calidad de los servicios médicos podría quedar menoscabada.
Los médicos también podrían quedar sujetos a mayores presiones por parte de los hospitales, incluidas las de atender un mayor número de enfermos.
García anotó que los servicios de trauma que gozan de inmunidad del Estado ya se ofrecen en los tres hospitales de Ponce (Doctor Pila, Damas y San Lucas), al igual que el Hospital Menonita de Cayey.
Primera Hora le pidió una lista a Salud de los centros de trauma privados, pero no los proveyó.
El secretario Lorenzo González tampoco estuvo disponible para reaccionar.
“Yo pienso que están castigando a las víctimas de impericia”, dijo Eduardo Vélez, quien desde el 2003 no puede caminar porque, tras sufrir un accidente automovilístico, fue víctima de impericia en un hospital de Bayamón.
Si ese hospital hubiese tenido funciones de centro de trauma, Vélez, quien demandó, habría recibido una compensación de solo $75,000 cuando, sin dicho privilegio para el hospital, él logró una compensación muchísimo mayor.
Nelly Vega, quien perdió a su hijo de cuatro años en el Menonita tras verse afectado con el virus AH1N1 y sostiene que el niño también fue víctima de impericia, coincidió en que $75,000 es muy poco dinero, no por la cuantía en sí misma, sino porque se trata de un asunto de sensibilidad y de justicia.
Según Vega, el Gobierno ha insistido en aprobar una ley de impericia y siempre ha sido derrotado; que por eso quiere ir ganando terreno poco a poco con otras iniciativas.
El proyecto de ley de 2011 de la Administración Fortuño ofrecía compensaciones de hasta $250,000 por daños mentales y no establecía cuantía fija alguna para los casos catastróficos.
La medida no pasó en el Senado
Posterior a este evento legislativo, el Gobierno aprueba la Ley de Hogar Seguro, una medida que estuvo dirigida a salvarguardarles el hogar a los médicos y otros profesionales en posibles demandas.
Eduardo Ibarra anunció ayer que el Colegio de Médicos Cirujanos va a llevar a cabo en los próximos días una reunión para determinar su posición sobre la controversia de los centros de trauma.
Ibarra, personalmente, entiende que en un sistema de salud comercializado como el nuestro es injusto que a un paciente que se le deje con profundas deficiencias se le adjudique solo $75,000. ¿Cómo se va a resolver esto? “Uniéndonos para buscar una solución”.
