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El Vocero

Con poco tiempo para ponerle punto final al cuatrienio, la actual administración de gobierno no ha identificado los $23 millones necesarios para cumplir con el pago del bono de Navidad a los empleados públicos, ni otros $5 millones para costear la liquidación a los empleados de confianza que se quedarán sin trabajo el 31 de diciembre.

La directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos, dejó saber que no han identificado la cifra del total de $63 millones que costará pagar el bono navideño dispuesto por ley. La información salió a relucir ayer cuando la administración de Wanda Vázquez comenzó el proceso de transición con el equipo del gobernador electo Pedro Pierluisi.

En conferencia de prensa ofrecida durante uno de los recesos, la funcionaria afirmó que es “un poco prematuro” para hablar sobre la falta de estos fondos.

“Acabamos de tener esa conversación con la Junta de Supervisión Fiscal. Estamos hablando de aproximadamente $63 millones para el bono de Navidad y de eso estamos identificando todavía $23 millones de eficiencias, que es lo que nos falta”, dijo Santos.

Al igual que en años anteriores, la gobernadora ya dijo que va a pagar el bono a los empleados públicos, a pesar de que no es parte del presupuesto aprobado por la Junta de Control Fiscal.

Edward Zayas, portavoz de la junta fiscal, confirmó en declaraciones escritas que la petición de $23 millones para el bono de Navidad la recibieron el sábado pasado y que aún se encuentra bajo evaluación.

El gobierno tampoco ha identificado a cuántos empleados tendrá que pagarles la liquidación por quedarse sin trabajo con el cambio de administración. Se trata funcionarios de confianza que no tienen puestos de carrera. El estimado es que para este desembolso se necesitan $8 millones, pero solo han identificado $3 millones. En total la liquidación podría cubrir 800 empleados, pero no se pudo precisar cuántos empleados se irían.

“Es una proyección de OGP sobre el número de empleados de confianza”, manifestó Raúl Márquez Hernández, secretario del Departamento de Estado y presidente del comité de transición del gobierno saliente.

“Se ha previsto el gasto y ella (Santos) ha previsto que ronda los $8 millones, pero podría ser menos. Es una proyección. Todavía hay que identificar $5 millones de esos $8 millones que son necesarios para esta liquidación. Se han identificado unas áreas de ahorro y la junta (fiscal) está dispuesta a permitir la reprogramación de fondos para cubrir gastos como sería este y el bono”, sostuvo Márquez Hernández.

Sobre los fondos para la liquidación, el portavoz de la junta fiscal dijo que “al día de hoy (ayer) no hemos recibido ningún planteamiento presupuestario de $5 millones” a esos fines.

$600,000 para la transición

El proceso de transición se realiza desde ayer en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce y podría extenderse cerca de un mes.

El presidente del comité de transición de Pierluisi, el alcalde bayamonés Ramón Luis Rivera, explicó que el proceso se lleva a cabo en dicha instalación para garantizar el distanciamiento requerido para evitar el contagio con Covid-19.

“La ley provee $600,000 al comité de transición para cubrir los costos de operación. Lo que pasa es que en el Departamento de Estado no tenemos las condiciones para poder celebrar el proceso de transición”, dijo Rivera. “El Centro de Convenciones nos costaba $1 millón”, puntualizó.

El primer funcionario que depuso ayer fue Omar Marrero como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Habló de la relación con la junta fiscal como una “awkward” o extraña.

El funcionario abogó por la “colaboración” con el ente fiscal y enumeró las instancias en las que ha habido choques con el organismo regulador. Entre otras, mencionó “discrepancias” en asuntos de litigio, así como en la aprobación de legislación como la Ley 80 de retiro incentivado y la Ley 29 para la reducción de la carga administrativa a los municipios.

“Hemos tenido retos fiscales, económicos, de desastres, pandemias, terremotos y, mucho más importante, el reto que no ha tenido ninguna jurisdicción de compartir el poder democrático con una Junta de Supervisión Fiscal y el proceso de aprendizaje de ambos. Sin embargo, a pesar de todos los retos nunca se han utilizado excusas y tenemos reestructuraciones (de deuda) puntuales”, expresó Marrero.

“Se ha logrado transparencia fiscal y ha sido una prioridad optimizar el recibo de fondos federales. Ha sido una prioridad de Aafaf fiscalizar estos fondos”, indicó.