“Hay una situación de liquidez brutal”.
El informe del Comité Multisectorial nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla para evaluar opciones al aumento de tarifas propuesto por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no encontró ninguna otra solución que no sea exprimir aún más el bolsillo del consumidor.
“Es necesario aumentar la tarifa para poder cubrir los ingresos propios y el servicio de la deuda y los gastos”, dijo el economista José Alameda, quien pertenece al Comité, que rindió el informe a principios de mayo.
Alameda explicó que el servicio de la deuda es el pago de interés y principal de un préstamo.
“Es el pago de los bonos que tuvo que emitir la Autoridad para cumplir con las requisiciones de la planta física, que se había deteriorado. Es que aquí aguantan mucho el aumento”, expuso.
“Se miraron todas las posibilidades que no fuera aumento. Se hizo por los niveles de gastos. El servicio de la deuda y el gasto de luz no permiten tener oportunidad de mantener las tarifas como están. Realmente, son bastante bajitas aquí. Se paga mucho de luz porque el ajuste por combustible nos mata. Pero la del agua la han mantenido artificialmente bajita”, acotó Alameda.
La Junta de Gobierno propuso aumentos de tarifas, por ejemplo, en el caso de clientes de agua y alcantarillado que consumen 10 metros cúbicos o menos, que ahora pagan $19.71, pagarían con el propuesto aumento $31.42. Si se consumen 35 metros cúbicos, la factura es de $88.31. Con el aumento sería de $154.87.
Alameda recordó que en la década de los 90 muchas de las plantas de la AAA estuvieron arrestadas por mal comportamiento, por falta de mantenimiento. Descargaban al mar. La EPA los multó por violar la Ley de Aguas Limpias. Las plantas estaban en mal estado. No tenían ingresos para ir al mercado de bonos a pedir préstamos y mejorar las plantas.
“Acueductos estuvo 22 años sin ir al mercado de bonos. Recurrían al Fondo General y los legisladores aprobaban resoluciones en conjunto para darle $200 millones para pagar la nómina. Es una mala práctica. Se supone que las corporaciones sean autosuficientes y se autofinancien”, aseveró.
“Llega el Gobierno compartido y había que invertir en plantas y hubo aumento de agua con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Se permitió el aumento de agua y pudieron ir al mercado de bonos y financiar sin ningún tipo de préstamos al fondo general”, agregó el economista.
El Gobierno de Puerto Rico, dijo, funcionó como un tío rico, que era el Fondo General, con todos los recursos que pagamos en contribuciones y sostenían ese préstamo, y una ATM, que era el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que cobraba intereses.
“Iban al Fondo General y decían: ‘Dame chavos’ y no te pedían intereses. El BGF era la ATH y te cobraba intereses. El Banco tenía que ir al mercado de bonos a pedir prestado. Cuando entra Acevedo Vilá, hay un aumento y se puede ir al mercado de bonos. Pero el nivel de deuda tiene que pagarse. Hay que seguir invirtiendo en químicos, en plantas físicas que mejoren la calidad agua”, ilustró.
Este pasado cuatrienio, dijo, de La Fortaleza acudieron al Fondo General para pagar la deuda de la Autoridad, en vez de aumentar las tarifas.
“Lo que hicieron fue ir al Fondo General, que financió el servicio de la deuda. Llega esta administración en el 2013 y el Banco Gubernamental no tiene chavos. Le deben $5,000 millones. Una situación de liquidez brutal. La AAA no tiene dinero ni puede ir al mercado de bonos. La Autoridad de Carreteras le debe $10,000 millones. Ya el Banco dejó de funcionar como ATH. Ahora tenemos que ir al tío rico, que dijo: ‘Oh, oh’. Entonces, la Autoridad tiene que hacer ajustes a las tarifas”, señaló Alameda.
