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  Por el libro
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30 de octubre de 2018

El Vocero

El debate sobre el requisito de las certificaciones para instalar adecuadamente los asientos protectores de menores en los vehículos volvió a ser tema de discusión ayer en la Cámara de Representantes, cuando el pleno aprobó el proyecto de ley dirigido a eliminar estas multas.

La medida ya había sido aprobada hace un mes por el Senado.

En la pieza legislativa se exhorta “a todos aquellos padres, madres, tutores o encargados a acudir a los diferentes centros de inspección y orientación para que reciban asientos protectores o los asientos elevados, booster seats”.

El proyecto elimina el requisito que obliga a los conductores a conseguir una certificación por parte del Negociado de Bomberos para transportar menores en los asientos protectores. Aquel que no cumpliera con el mandato, recibiría una sanción monetaria ascendente a $100. Dicho requisito y la imposición de la multa iban a entrar en vigor el 1ro de octubre pasado.

De otra parte, la Cámara acordó de manera unánime favorecer la Resolución 1076 para investigar la inversión de los recursos del gobierno en tecnología para su funcionamiento y cómo la centralización de dicha inversión a través de la Oficina de Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (Prits, por sus siglas en inglés) redunda en ahorros.

Esto, con el fin de identificar economías que puedan ser redirigidas al Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La medida —de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, junto a los representantes Félix Lassalle Toro y Antonio “Tony” Soto Torres— además de examinar la inversión de la Prits identifica los ahorros recurrentes para que los mismos puedan ser redirigidos a atender el retiro de los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Asimismo, se aprobó el proyecto de los representantes Juan Oscar Morales Rodríguez, Lasalle Toro, José “Che” Pérez Cordero, Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y Alonso Vega, que establece el “deber ineludible que tiene el médico o profesional de la salud de completar de manera fundamentada el documento acreditativo de las razones de muerte de una persona a la cual atendió en vida”.

Además, la medida le otorga al Negociado de Ciencias Forenses —agencia actualmente sin director en propiedad— la facultad de negarse a atender o recibir los casos de cadáveres por muertes naturales no sospechosas que sean remitidos por los hospitales, clínicas, asilos, fiscales, entre otros, y donde no se encuentre —debidamente fundamentada y justificada— la necesidad de una investigación para determinar la causa de muerte.

Confirman nombramientos

Por su parte, el Senado ratificó ayer seis nombramientos, entre estos el de Yazmín M. González como comisionada del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Asimismo, se confirmó la designación de Suheidy Barreto Soto como miembro asociada de la Junta de Planificación; Zaida E. Cordero López, como comisionada asociada del Negociado de Telecomunicaciones; Lillian Mateo Santos como comisionada asociada del Negociado de Energía; y el ingeniero Ferdinand A. Ramos, como comisionado asociado del referido negociado.