30 de mayo de 2024
El Diario NY
Nueva York – Un informante reveló a funcionarios en el Congreso que la investigación que realiza el Servicio de Rentas Internas (IRS) por evasión fiscal a beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico apenas se ha traducido en un 1 % de extranjeros auditados.
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La persona con conocimiento de la pesquisa envió una carta al Senado de Estados Unidos lo que a su vez provocó una investigación formal del Comité de Finanzas de ese cuerpo legislativo, reseñó el periódico The New York Times este martes.
“Tengo entendido que no se han realizado evaluaciones por ninguna oficina a nivel nacional para una campaña que ha estado abierta por tres años”, lee la misiva. El informe señala que la cifra de menos del 1 % es equivalente a dos docenas de beneficiarios.
Entre otras cosas, la pesquisa senatorial busca que el IRS agilice el paso con las auditorías.
La Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”otorga exención fiscal total de dividendos, intereses y ganancias de capital a los extranjeros que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año. Se supone que, a cambio, inviertan, generen empleo y de esta forma aporten a la economía de P.R.
Del documento se desprende que el IRS ha hecho muy poco para poner en cintura a quienes están abusando de los beneficios de la Ley 22. Estos individuos supuestamente mintieron sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
IRS ni siquiera ha enviado “soft letters” a presuntos evasores con Ley 22
Según la información en poder del NYT, usualmente, el IRS envía cartas (soft letters) como herramienta para que evasores arreglen las irregularidades detectadas en sus informes de impuestos y cumplan con su obligación fiscal.
Pero, de acuerdo con el informante, ni siquiera el IRS ha hecho esto en los casos de los recipientes de Ley 22 bajo investigación.
“Esto es completamente absurdo a la luz de la cantidad de dólares de impuestos en controversia”, redactó la persona.
Reacciona el comisionado del IRS
En una entrevista con el referido medio, el comisionario del IRS, Danny Werfel, reconoció que no se habían enviado estas cartas como parte de la pesquisa, pero destacó las docenas de casos auditados.
Argumentó que la campaña se encuentra en la fase preliminar y que esperan que los procesos avancen luego de que la agencia recibió $80,000 millones en fondos como resultado de la Ley de Reducción de Inflación (IRA) de 2022.
“Todavía estamos saliendo de nuestro período de subinversión, y todavía estamos construyendo el músculo que se atrofió”, alegó el comisionado.
Las indagaciones del IRS sobre beneficiarios de Ley 22 iniciaron en el 2021. No fue hasta marzo pasado que oficiales de la entidad contestaron a una carta enviada por la representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, y otros 12 legisladores en la que pedían que divulgaran datos del curso de la investigación.
El pedido de los representantes demócratas fue en representación del Centro para la Democracia Popular (Center for Popular Democracy / CPD) y la campaña “Not Your Tax Haven” (PR No Se Vende).
El año pasado, estos grupos sometieron una solicitud bajo la “Ley de Libertad de Información” (Freedom of Information Act / FOIA) como parte de los esfuerzos para fiscalizar los decretos bajo la Ley 22.
En ese momento, el IRS se negó a profundizar en la pesquisa a pesar de contar con unas 3,306 páginas en respuesta a la solicitud.
La oficina se limitó a indicarle a Velázquez que los archivos en respuesta a la solicitud de FOIA habían sido recolectados y que estaban bajo revisión. También hicieron referencia al impacto de la ley IRA en los procesos.
¿En qué se enfoca la pesquisa del IRS a los beneciarios de Ley 22?
Una entrada, el verano pasado, en el sitio web del IRS confirmó que la investigación a unos 100 beneficiarios de los decretos contributivos bajo Ley 22 continuaba activa.
“El IRS está trabajando para garantizar que los contribuyentes de altos ingresos paguen los impuestos que deben. Antes de la Ley de Reducción de la Inflación, más de una década de recortes presupuestarios impidieron que el IRS siguiera el ritmo del conjunto de herramientas cada vez más complicado que los contribuyentes más ricos usan para ocultar sus ingresos y evadir el pago de su parte. El IRS ahora está tomando medidas rápidas y agresivas para cerrar esta brecha”, lee parte de la información en irs.gov.
“En los últimos meses, nuestro equipo de Investigación Criminal ha cerrado una larga lista de casos en los que contribuyentes adinerados han sido condenados por evasión de impuestos, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. En lugar de pagar impuestos, estos evasores gastaron el dinero adeudado al gobierno en apuestas en casinos, vacaciones y la compra de artículos de lujo. Por ejemplo, en un solo caso se ordenó a la persona que pagara más de $6 millones en restitución”, añadieron desde el IRS.
Bajo el subtema “Estrategia de fraude en Puerto Rico”, el IRS señaló lo siguiente: “Recientemente, identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”.
Cofundador de “Losing Puerto Rico” insiste en atender laguna fiscal
En vista de la nueva información sobre el retraso en la conclusión de las auditorías, Federico de Jesús, cofundador de “Losing Puerto Rico”, insistió en su propuesta para que el Congreso actúe sobre la laguna fiscal que facilita la evasión de impuestos federales por parte de algunos beneficiarios del estatuto.
“El IRS no tiene la capacidad, recursos ni jurisdicción para detener el desplazamiento causado por los evasores contributivos acogidos a la ley 22, y por lo tanto este asunto es una distracción. La solución es cerrar la laguna fiscal, o ‘tax loophole’, mediante acción legislativa y en ausencia de acción por la legislatura puertorriqueña, el Congreso es el llamado a actuar para que Puerto Rico deje de ser un paraíso fiscal y así proteger a los puertorriqueños”, dijo el también analista político y fundador de la firma de consultoría gubernamental, FDJ Solutions, en declaraciones a El Diario.
Los grupos que apoyan la propuesta de Losing Puerto Rico, que incluye una campaña multimedia en contra de la Ley 22 y los desplazamientos de locales como resultado de su aplicación, buscan que se presente una pieza legislativa a nivel federal a los fines de resolver la laguna fiscal que creó la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, que establece que los ingresos obtenidos de fuentes de Puerto Rico están exentos del impuesto sobre la renta de los EE. UU.
