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  Por el libro
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11 de noviembre de 2020

El Vocero

La Junta de Control Fiscal advirtió que aún espera por el análisis sobre las tres medidas firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para expandir los beneficios de retiro de los empleados gubernamentales, a pesar de haber solicitado estos informes en repetidas ocasiones.

En una nueva misiva a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el ente regulador señaló que “el gobierno no debe hacer promesas que no puede cumplir”, en referencia a la Ley 80-2020, la Ley 81-2020 y la Ley 82-2020.

“El gobierno no respondió a la dirección de la Junta de Supervisión de cesar la implementación de las Leyes y solicitud de información específica y un programa para lograr los ahorros necesarios para que las Leyes sean neutrales respecto a ingresos”, sostuvo el organismo en respuesta a una carta de Marrero, con fecha del 28 de octubre.

La directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko, reiteró en su nueva carta que la implementación de los tres estatutos podría aumentar los gastos gubernamentales en $8,300 millones durante los próximos 30 años.

En una entrevista previa con EL VOCERO, Jaresko había indicado que la presentación de un plan sobre cómo el gobierno pagará esos beneficios evitaría llevar la pugna a los tribunales. Sin embargo, la nueva misiva advierte que el gobierno no cumplió.

“Las Leyes, individualmente y juntas, parecen ser un intento de eludir o socavar los congelamientos previos y pendientes de los beneficios de pensión, incluidos los requeridos por el Plan Fiscal y el plan de ajuste propuesto para el Estado Libre Asociado, mejorando los beneficios acumulados bajo planes que han sido o serán congelados de varias formas y suponiendo pagar los beneficios a través de la nómina (en lugar de PayGo)”, agregó.

Jaresko recordó que el Plan Fiscal ya requiere la eliminación de 3,200 puestos gubernamentales, “por lo que el gobierno no puede depender de los ahorros de nómina generados por las primeras 3,200 jubilaciones bajo la Ley 80 para generar los ahorros que reclama”.

Unas 15,000 personas deberán ser despedidas para poder balancear las finanzas, según Jaresko.

“La Junta de Supervisión no renuncia a ninguno de sus derechos, bajo Promesa o de otro modo, de iniciar la acción legal apropiada para hacer cumplir los mandatos de Promesa y proteger a la gente y las finanzas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, enfatizó la directora ejecutiva del ente.