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  Por el libro
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17 de enero de 2020

El Diario NY

La fiscal general del estado de Nueva York Letitia James, en conjunto con fiscales generales de 13 estados y del Distrito de Column, y la Alcaldía de la Gran Manzana, presentaron este jueves una demanda en contra de la Administración Trump, para frenar los cambios a la política de ‘Carga Pública‘ y evitara que al menos 700,000 personas de bajos recursos en todo el país, incluyendo decenas de miles de neoyorquinos, pierdan los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocidos también como ‘cupones de alimentos’.

En la demanda, introducida en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, se explica que los cambios impulsados por la Administración Trump son ilegales, y se desafía la nueva regla del Departamento de Agricultura federal (USDA) que limitaría la capacidad de los estados de extender los beneficios del SNAP, más allá de un período de tres meses para ciertos adultos, que sean sanos y sin dependientes, y que luego de ese tiempo todavía no hayan conseguido trabajo.

“El último ataque del Gobierno federal contra las personas vulnerables es cruel en esencia”, dijo la fiscal James, agregando que negar el acceso a los beneficios vitales de SNAP “solo empujaría a cientos de miles de estadounidenses ya vulnerables a una mayor incertidumbre económica. Al hacerlo, los estados tendrán que lidiar con el aumento de los costos de atención médica y la falta de vivienda que resultará de esta política miope y mal concebida”.

En grupo demandante también explicó que la nueva regla socava directamente la intención del Congreso con el programa SNAP, de ayudar a los más necesitados, y que el USDA viola el proceso para hacer o cambiar los reglamentos federales. Además, argumentan que la regla impondría cargas regulatorias significativas en los estados, lo que se traduciría en daños a las economías locales y a los residentes.

La coalición demandante instó a la corte a declarar ilegal la norma y a emitir un mandato judicial para evitar que entre en vigencia como está programada el próximo 1 de abril de 2020.

NYC se suma a la pelea

La Alcaldía de la Ciudad de Nueva York se unió a la demanda, asegurando que la nueva regla negaría el acceso a la asistencia alimentaria a más de 50,000 personas en la Gran Manzana y pondría a decenas de miles más en todo el estado de Nueva York en riesgo de pasar hambre.

“En el país más rico del mundo, ningún neoyorquino debería verse obligado a elegir entre poner comida en la mesa y pagar por las medicinas“, dijo el alcalde Bill de Blasio. “Negar asistencia alimentaria a los miles de neoyorquinos que confían en estos programas todos los días es un ataque dirigido contra las personas más vulnerables, y eso no lo permitiremos”.

Entre tanto, el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, expresó que en lugar de ayudar a las miles de familias que están pasando trabajo para poner comida en sus mesas, “la Casa Blanca quiere entregarles un plato vacío a esas 700,000 personas. El plan de la Administración Trump para reducir el SNAP es otro intento cruel de lastimar a los estadounidenses y debemos hacer todo lo posible para detener sus esfuerzos por hacer daño. Por eso estoy tan orgulloso que la Ciudad de Nueva York sea parte de esta demanda para evitar que esta Administración impida que las personas accedan a los alimentos, uno de nuestros derechos humanos más básicos”.

Documentos que acompañan la demanda explican que el programa SNAP ha servido como la principal respuesta del país ante el hambre desde 1977, y ha sido una parte crítica de los esfuerzos federales y estatales para ayudar a las personas a salir de la pobreza.

Explican, que con los ‘cupones’ se brinda acceso a alimentos a millones de estadounidenses de bajos recursos que de otra forma tendrían problemas de inseguridad alimentaria. Si bien el gobierno federal paga el costo total de los beneficios de SNAP, comparte los costos de administrar el programa con los estados en un 50-50.

“Desde el primer día de la Administración Trump, este Presidente ha señalado a los estadounidenses vulnerables en función de su situación socioeconómica, amenazando su salud y bienestar al quitarles los beneficios y servicios básicos, incluso quitarle comida a los neoyorquinos necesitados “, dijo el comisionado del Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad Steven Banks.

El funcionario agregó que con la demanda “estamos luchando contra esta última propuesta impensable e ilegal que privaría a cientos de miles de estadounidenses y decenas de miles de neoyorquinos de la asistencia alimentaria esencial de la que dependen todos los días. Nuestra Ciudad tiene la intención de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, incluida la de llevar a Trump ante los tribunales, para garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad, puedan vivir vidas saludables y satisfactorias, y puedan acceder a los beneficios a los que tienen derecho”.

Puntos de la demanda:

Contradice el lenguaje legal y la intención del Congreso para el programa de cupones para alimentos: cuando el Congreso modificó el SNAP y en 1996 agregó los tiempos límite para personas ABAWD (adultos sanos sin dependientes), incluyó un proceso de exención que explícitamente proporciona un alivio del límite de tiempo si las oportunidades de trabajo disponibles son insuficientes para los ABAWD, y claramente indicando que los estados estaban mejor equipados para hacer esta determinación basada en las condiciones económicas y laborales locales. La nueva regla del USDA restringe severamente la discreción de los estados sobre estos asuntos y esencialmente elimina la exención, en contravención directa de la ley y la intención del Congreso.   

Aumenta los costos de atención médica y de personas sin hogar al tiempo que reduce la actividad económica en los estados: para los beneficiarios de SNAP, perder beneficios significa perder el acceso crítico a los alimentos, lo que aumenta el riesgo de desnutrición y otros efectos negativos para la salud. Los estudios han demostrado que SNAP puede contrarrestar la inseguridad alimentaria y reducir los costos de atención médica para los beneficiarios en aproximadamente $1,400 por persona, costos que los gobiernos estatales probablemente tendrán que asumir para los que pierdan la asistencia de SNAP. Sin los beneficios de SNAP, muchos se verán obligados a elegir entre tener comida para comer o un lugar para vivir

Modifica la ley por razones arbitrarias y caprichosas: la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) requiere que las agencias ofrezcan adecuadamente una explicación razonada para cambiar las políticas de larga data y aborden por qué los hechos y circunstancias que respaldan la política anterior deben ser ignorados. Durante más de dos décadas, el USDA ha aceptado la premisa del Congreso de que un estado debe definir el alcance geográfico de su solicitud de exención y respaldar esa solicitud con una amplia gama de fuentes de datos que, en conjunto, pueden capturar las perspectivas de empleo para los ABAWD. Sin embargo, la nueva regla define estrictamente el área para la cual se pueden solicitar exenciones y rechaza los datos más allá de las cifras generales de desempleo sin ninguna justificación.

Viola el proceso de reglamentación federal: la APA rige los procedimientos internos de las agencias federales, incluida la reglamentación. Entre otros requisitos, las agencias deben solicitar y considerar comentarios públicos sobre el contenido de una regla. El USDA rompió con este proceso al emitir una regla final que divergió de su regla propuesta de manera significativa y sustancial. Por ejemplo, mientras que la regla propuesta mantenía que un estado podría recibir una exención si calificaba para beneficios de desempleo extendidos bajo las políticas del Departamento de Trabajo, la regla final eliminó esta base.