La organización sin fines de lucro limonauto.com reclamó la intervención del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ante la salida de la marca Suzuki del mercado automovilístico de Puerto Rico.
El licenciado Ignacio García Franco, asesor legal de la organización, urgió por un plan de contingencia que proteja adecuadamente a los dueños de estos vehículos que aún se encuentren bajo la garantía del fabricante. Alegó que los consumidores no deben descansar en las promesas de Suzuki de que honrarán las garantías de sus autos.
Según dijo el licenciado en un comunicado de prensa, la reglamentación vigente requiere que los concesionarios de autos cuenten con una fianza de cumplimiento que responda en caso de que estos cesen operaciones y no respondan por las querellas que los consumidores radiquen ante el DACO. Sin embargo, la reglamentación no exige que los fabricantes o distribuidores de autos cuenten con la misma fianza de cumplimiento, por lo que en caso de que en un consumidor obtenga una resolución del DACO en contra de Suzuki, existe la posibilidad de que no tenga forma de ejecutarla o cobrarla.
Asimismo, explicó que Suzuki tiene al menos 65,000 unidades que se encuentran bajo la garantía de fábrica, ya sea bajo la cobertura básica de tres años o la del tren de propulsión o “powertrain”, la cual se extiende a siete años.
“Para nosotros no es suficiente que Suzuki anuncie que continuará honrando garantías y vendiendo piezas. Se necesita tener una garantía de que la compañía establecerá un fondo o adquirirá una fianza de cumplimiento que responda por las querellas que los consumidores radiquen en DACO. Una cosa es honrar la garantía en el taller y otra es responderle al consumidor por las querellas de vicios ocultos que se presenten ante el DACO”, explicó el licenciado.
García comentó el estancamiento de miles de querellas de autos que se han reportado en el DACO, combinado con volatilidad que se experimenta en la industria automotriz, evidencia de la urgente necesidad de que en Puerto Rico se apruebe la “ley limón” de automóviles. Dicha medida buscar establecer un registro de fabricantes y distribuidores de autos en el DACO, incluyendo un requisito de fianza de cumplimiento que se extienda a toda la cadena de venta y distribución.
La “ley limón” comenzó su trámite legislativo en el 2005, cuando fue aprobada por la Asamblea Legislativa, pero no logró obtener la firma del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Actualmente, el proyecto se encuentra bajo la consideración de la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, luego de que fuera presentado por el representante Jorge Navarro Suárez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y el representante Nelson Torres Yordán, del Partido Popular Democrático (PPD).
“A pesar de que la 'ley limón' siempre ha contado con un apoyo abrumador en la Asamblea Legislativa, la industria automotriz siempre logra detenerla. Incluso, el propio gobernador Alejandro García Padilla está en récord endosando la medida cuando fungió como secretario del DACO. Necesitamos acción inmediata de parte de la presente administración para que Puerto Rico finalmente deje de ser la única jurisdicción estadounidense que no cuenta con una “ley limón” en sus libros”, concluyó.
