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 / Foto por: Gerald Lopez Cepero - El Nuevo Dia

14 de junio de 2017

El Nuevo Dia

En momentos en que las querellas de inversionistas locales que alegan mala asesoría continúan en ascenso y la ciudadanía busca maximizar el poco dinero que tienen con ofertas, especiales y descuentos, las agencias dirigidas a proteger a los consumidores experimentarán drásticos recortes en sus presupuestos.

Según el presupuesto recomendado por la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y certificado -con reservas- por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los reguladores de seguros y del sistema financiero de la Isla recibirán recortes presupuestarios de entre 15% y 25%, a pesar de que tales agencias generan casi la totalidad de sus ingresos.

En tanto, el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) y la Oficina del  Procurador del Paciente verán recortes de entre 11% y 13%, respectivamente.

El presupuesto para el año fiscal 2018 es objeto de análisis en la Legislatura y debería ser aprobado en o antes del 19 de junio próximo, de acuerdo con un calendario de trabajo impuesto por la JSF.

“Van a quedar inoperantes”, replicó al instante Gilberto Arvelo -a quien se le conoce como Dr. Shoper- cuando El Nuevo Día le preguntó acerca de los recortes propuestos a partir de julio próximo.

Arvelo, una de las figuras pioneras en la concienciación de los derechos del consumidor en la Isla, criticó la decisión del Gobierno de hacer recortes en dependencias vitales para proteger a la ciudadanía, justo cuando el ciclo de estrechez económica se haría más duro.

De acuerdo con un análisis de El Nuevo Día, la agencia con funciones de protección al consumidor que resultaría más afectada sería la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

La dependencia, de hecho, no cuenta con un comisionado en propiedad desde hace casi seis meses, cuando el pasado titular de la agencia, Rafael Blanco Latorre dejó el cargo. El pasado 10 de febrero, Rosselló Nevares nombró a Ivelisse Colón Berríos, comisionada de Instituciones Financieras interina.

“Le vas a quitar dinero a la OCIF cuando ahora hay menos bancos, pero tienes una casa de empeño y compañías de ‘auto loans’ en cada esquina sin poder fiscalizarlos”, subrayó Arvelo, al tiempo que recordó que en la Legislatura se ha considerado un proyecto de ley para aprobar los préstamos de día de cobro, considerados como una práctica prestataria depredadora contra el consumidor. Si ello se aprobara, terminaría bajo la jurisdicción de la OCIF.

Reglamentación obsoleta

Según Arvelo, los recortes al DACO acabarían por dejar “inoperante” a una agencia que tiene múltiples campos de acción regulatoria. Entre estas, las prácticas de anuncios engañosos, fallas en vehículos de motor, los sistemas de pesaje en comercios y el monitoreo de estaciones de gasolina.

Arvelo sostuvo que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) suele ser la agencia con mayor celeridad en el trámite de querellas, lo que ahora podría afectarse con el recorte de 15% que vería la agencia.

Arvelo subrayó que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) verá un aumento en su presupuesto, pero este responde a fondos del cargo de acceso universal, por lo que será dinero dirigido a subsidios por servicios celulares a indigentes.

“Si Puerto Rico quiere restablecer su credibilidad financiera entre los consumidores, tienes que rehacer todas sus reglamentaciones”, dijo Arvelo.

A manera de ejemplo, manifestó que todavía Puerto Rico es la única jurisdicción en todo Estados Unidos que no tiene una Ley Limón.

“Tiene que haber unos recortes, pero eso crea un disloque porque la reglamentación es obsoleta”, dijo Arvelo, al agregar que la reglamentación de negocios multiniveles data de la década de 1970.

En el caso de la OCIF, destacó que la Ley de Valores de Puerto Rico es más fuerte que aquella federal, particularmente en lo que atañe al deber de fiducia, pero ello de poco sirve, porque la oficina no cuenta con suficientes examinadores e investigadores.

 

Arvelo destacó que los oficiales a cargo de investigaciones fraudulentas o de detectar actividades engañosas suelen ser funcionarios que requieren de preparación académica y peritaje técnico, lo que no se compensa adecuadamente y tampoco se respalda con inversiones en tecnología.

Recortes sobre recortes

Los recortes programados para el año fiscal 2018 se suman a años de ajustes, congelaciones de puestos vacantes e incluso, de períodos de extracción de fondos de esas agencias hacia el Fondo General. En el caso de la OCIF, los dineros en cuentas no reclamadas que deben utilizarse para educación financiera pasan al Fondo General cada cierto tiempo.

El Nuevo Día supo que en los pasados años, en la OCIF se aplicaron medidas de recorte aunque la dependencia quedó excluida por ley y no se aprobaron aumentos salariales, a pesar de que la dependencia no se sobregira presupuestariamente. Una historia similar se produce en la OCS.

En el año fiscal 2006, cuando se declaró el inicio del ciclo de contracción económica que experimenta Puerto Rico, la OCIF contaba con 161 profesionales; en la actualidad, ronda 91 personas. Para 2006, la OCS contaba con 125 funcionarios; el presupuesto recomendado contempla 89.

En el DACO, para 2006, laboraban 382 personas; ahora contaría con 143 funcionarios.

En 2006, los presupuestos de la OCIF, OCS, DACO y el Procurador del Paciente rondaban $13.6 millones, $9 millones, $15 millones y $5.2 millones, respectivamente.