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  Por el libro
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12 de julio de 2021

El Vocero

El proyecto 473 del Senado que propone aumentar el término prescriptivo de cinco a 10 años en los delitos de fraude, no significaría cambio en la cantidad de casos que necesitan resolverse.

Así lo aseguró a EL VOCERO, el contador público autorizado (CPA) Eduardo González Green, quien investiga casos de fraude como parte de su práctica.

Según indica el proyecto presentado ante la Comisión de lo Jurídico por el senador Carmelo Ríos, se requiere de tiempo para la realización de auditorías, lo que en muchas ocasiones culmina en la no radicación de cargos criminales porque el caso está prescrito.

“No nos oponemos al proyecto, pero no haría mucha diferencia en los casos de fraude, porque nadie va a investigar por 10 años; en términos prácticos eso es incosteable. Lo que se hace es investigar para recuperar los fondos y ver la capacidad de pago del perpetrador, ir en contra de sus activos”, afirmó González.

El contador entiende que lo que hace falta son recursos como la educación y más personal asignado a la División de Delitos de Cuello Blanco para atajar este problema recurrente.

Por su parte, Milton Méndez, abogado y examinador certificado de fraude, añadió que el proyecto se concentra solo en los casos de más de $500,000 y debería incluir también los robos de menor cuantía.

Además del término prescriptivo en casos de apropiación ilegal, fraude y lavado de dinero, la medida también incluye los delitos comprendidos en la Ley de Sociedades de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico,

“El proyecto tiene la intención de mejorar el sistema criminal, pero hay pocos recursos para investigar. Hacen falta más fiscales especializados en delitos económicos”, declaró Méndez, tras cuestionar la razón por la cual el proyecto se enfoque solo en los casos de más de $500,000 y la inclusión de las cooperativas.

A los cuestionamientos, el senador Ríos aclaró que la banca no está excluida y que el proyecto está enfocado en los casos de fraude más complicados.

“Los casos de menos de $500,000, también son procesables, pero nos concentramos en los casos más complejos que son los de organizaciones criminales, los que duran más tiempo en una investigación. Los casos de la banca también están incluidos”, aseguró el senador.