3 de junio de 2026

El Vocero

Una reciente auditoría de la Contralora reveló que ADSEF efectuó 988,617 pagos del PAN por $150,663,786 a 38,618 participantes fallecidos.

 

 

Adultos mayores participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) han comenzado a enfrentar interrupciones en sus beneficios luego de que el Departamento de la Familia reanudara el proceso regular de recertificación de elegibilidad, que durante los pasados años operó bajo dispensas federales concedidas tras los huracanes, los terremotos y la pandemia del covid-19.

Fuentes de EL VOCERO cercanas al Departamento de la Familia alegaron que las oficinas locales de la agencia se están llenando de participantes de 60 años o más que dejaron de recibir el beneficio y no entienden la razón. La situación plantea un reto particular para esta población, ya que muchos adultos mayores no necesariamente conocen cuándo vence su periodo de certificación, dominan la plataforma digital, cuentan con transportación o tienen asistencia para acudir a una oficina o completar el trámite en línea.

El proceso ocurre poco después de que una auditoría de la Oficina de la Contralora revelara que, entre enero de 2017 y agosto de 2024, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) efectuó 988,617 pagos del PAN por $150,663,786 a 38,618 participantes que no estaban vivos. El informe también señaló fallas en los procesos de validación de información y controles internos.

Aunque participantes han planteado que las interrupciones responden a una “estrategia” para obligar a los adultos mayores a presentarse físicamente a las oficinas y confirmar que continúan vivos, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, rechazó esa versión.

“Esa información es totalmente incorrecta. La realidad es que el reglamento federal del PAN exige una evaluación anual de todos los participantes. Los participantes lo saben desde el primer día en que solicitan el PAN y se les aprueba”, sostuvo Roig Fuertes en entrevista con EL VOCERO.

La funcionaria aseguró que las recertificaciones no guardan relación directa con el informe de la Contralora, sino con el regreso a los procesos ordinarios de evaluación del programa. Según explicó, durante los pasados años hubo dispensas que permitieron extender los periodos de revisión, lo que provocó que algunos casos acumularan más de 36 meses sin ser evaluados.

La realidad es que el reglamento federal del PAN exige una evaluación anual de todos los participantes. Los participantes lo saben desde el primer día en que solicitan el PAN y se les aprueba.

Suzanne Roig Fuertes

Secretaria de la Familia

El problema, según las fuentes consultadas, es que la reanudación del proceso ha tomado por sorpresa a adultos mayores que dependen del beneficio para comprar alimentos. Ahora, los participantes deben verificar cuándo les corresponde renovar, sacar una cita en una oficina local o a través de ADSEF Digital, y completar la reevaluación antes de que venza su certificación. De no hacerlo, el desembolso no se emite.

“El Departamento de la Familia tiene que asegurarse de que la gente que está en el PAN en estos momentos, todo el mundo tenga la oportunidad y estén enterados en igualdad de acceso para recertificarse para recibir el PAN”, subrayó, por su parte, el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón.

Roig Fuertes afirmó que la agencia notifica a los participantes antes de tomar una determinación, aunque las fuentes señalaron que la interrupción de los beneficios de adultos mayores ocurrió sin aviso previo.

“Cuando se te va a eliminar un beneficio, se te envía una comunicación y se te deja saber que eso va a ocurrir y las razones por las que eso va a ocurrir”, reiteró.

“Tenemos la población, no solo la gente mayor, la de menos recursos económicos, sino la de menos acceso que vive en la montaña. O sea que enviar una notificación, enviar una carta, no es suficiente”, planteó Acarón mientras enfatizaba la necesidad de que la agencia cree un equipo que acuda directamente a los hogares para asegurarse de que los beneficiarios conozcan que deben recertificarse.

Dato relevante

El proceso se reanuda tras dispensas federales concedidas tras huracanes, terremotos y pandemia.

Por otro lado, la secretaria también señaló que los participantes tienen derecho a acudir a la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia —un foro “cuasi judicial” y “totalmente independiente”— si entienden que la determinación fue incorrecta.

Sin embargo, la controversia gira en torno a si esa orientación y esos mecanismos son realmente accesibles para la población mayor. En Puerto Rico, aproximadamente siete de cada diez adultos mayores de 65 años utilizan internet, según datos de Puerto Rico Digital Trends 2024. No obstante, esa cifra no necesariamente implica dominio de plataformas digitales, acceso estable a equipos, capacidad para subir documentos o conocimiento para manejar procesos administrativos en línea.

El propio Departamento de la Familia reconoció que el proceso de recertificación para participantes de 60 años o más comenzó como parte de la reanudación de los requisitos de elegibilidad establecidos por la reglamentación federal, y que puede completarse de manera virtual mediante ADSEF Digital.

La agencia también informó, mediante declaraciones escritas, que las recertificaciones se realizarán de forma escalonada hasta diciembre de 2026 y que se extendió por un mes el periodo de certificación de los casos cuya revisión correspondía a mayo de 2026.

Roig Fuertes insistió en que no se están suspendiendo beneficios por motivo de la auditoría.

“Aquí si se suspende un beneficio, es porque la persona no califica para el PAN, es porque la persona no ha hecho su evaluación”, sostuvo.

“No se ha suspendido el servicio a nadie por motivo de la auditoría de la Contralora”, añadió.

Aun así, admitió que hay un grupo significativo de participantes de diversas edades que “están siendo citadas”, quienes llevan más de tres años sin reevaluarse, aunque no compartió cifras.

Sobre las acciones correctivas tras la auditoría, Roig Fuertes adelantó que la agencia presentará esta semana a la Oficina de la Contralora un plan de acción correctiva a principio de junio. Entre las medidas, mencionó un acuerdo con el Registro Demográfico para validar información de defunciones y evitar falsos positivos, así como esfuerzos para recuperar fondos utilizados indebidamente.

EL VOCERO solicitó comentarios a la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, pero al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.