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  Por el libro
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14 de noviembre de 2019

Primera Hora

 Una decena de organizaciones empresariales objetaron hoy un nuevo reglamento que, según ellos, impone más cargas al comercio y es un retroceso en el tema de los permisos gubernamentales.

Según un comunicado de prensa de diversas asociaciones comerciales de Puerto Rico, el propuesto Reglamento Conjunto de Permisos es un "abuso" que esconde discrepancias con la Ley 161-2009, porque duplica los costos y tiene disposiciones perjudiciales a las empresas, en especial a los pequeños y medianos negocios (PYMES). 

“Estamos sumamente preocupados e indignados y lo tenemos que denunciar.  Ya es demasiada la carga que el gobierno impone en el sector empresarial, motor de la economía del país.  Queremos desarrollo económico y generación de empleos, pero la política pública contrasta con las acciones de sus agencias e interfiere con ese desarrollo que todos deseamos. El recién aprobado Reglamento Conjunto de Permisos es incompatible con la ley del cual emana, duplica los requerimientos y gestiones e incrementa los costos de hacer negocios en la isla. Una de las mayores preocupaciones de los sectores empresariales aquí representados son los Códigos de Construcción aplicados de forma retroactiva, lo que impone requisitos adicionales muy onerosos.”, sostuvo Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas y portavoz del grupo. 

La Ley 161 de 2009 y el Reglamento Conjunto se promulgaron para eliminar la burocracia en los procesos de permisos y certificaciones e insertó el Permiso Único, con el fin de compilar todas las certificaciones y licencias de operación de un negocio en un solo registro pero "el permiso único se está considerando como un permiso nuevo, aun cuando el comercio lleve operando por décadas y algunas agencias, como Bomberos y la propia OGPe, aplican y exigen el cumplimiento con disposiciones del Código de Construcción y del Código Contra Incendios, de forma retroactiva.  Esta interpretación es errada y contradice el Código Internacional de Construcción, en el que se basó el de Puerto Rico”, expuso Enid Monge, presidenta de Empresarios por Puerto Rico. 

Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), expresó que el reglamento también exige al comercio renovaciones anuales del permiso único de uso, a pesar de que la ley dispone que en ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo permiso siempre cuando el uso previamente autorizado no haya cambiado o no haya sido interrumpido por más de 2 años.  

Por su parte, los presidentes de la Asociación de Detallistas de Gasolina y de la Asociación de Centros de Inspección, levantaron preocupación seria, ya que la OGPe requiere permisos de uso distintos para una misma operación.  Aludieron que esta exigencia tampoco está en la Ley Núm. 161, que sirve de base a este reglamento. “Quien único se beneficia del requisito de varios permisos de uso y de las renovaciones anuales es la empresa contratada para proveer el sistema de renovaciones, que le cobra al comercio por cada transacción”, planteó Roberto Echevarría, presidente de la Asociación de Centros de Inspección. 

“Para que tengan una idea de lo absurdo de este reglamento, se le requiere a las funerarias tres permisos de uso distintos, uno para la capilla, otro para los servicios funerales y otro adicional para la sala de embalsamamiento, aun cuando los tres servicios están atados y son componentes de una misma operación y servicio. Esto lo aplican a todos los sectores empresariales”, sentenció Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico.  

Por su parte, el sector de cuidado de envejecientes, hogares y establecimientos que tienen a su cargo el cuidado asistido de miles de adultos mayores, son el renglón que recibe el mayor impacto, puesto que Bomberos les está exigiendo de forma retroactiva la instalación de rociadores bajo una categoría institucional (I-2), que no es compatible con las estructuras de estos establecimientos, ya que es de aplicación a edificaciones grandes. 

Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado (FICPRO), informó que "nuestros envejecidos son una prioridad para nosotros, pero nos hemos encontrado con un ambiente de poca apertura al diálogo, tampoco hemos visto voluntad de alcanzar un consenso. La aplicación retroactiva, dispuesta en el reglamento Conjunto de OGPe, nos mata a todos los sectores empresariales”, puntualizó Pérez.” 

Todas las organizaciones concluyeron en que un reglamento como este debió contar con una participación abierta, con un estudio de impacto económico y social, y nada de esto pasó, ya que fue aprobado de “emergencia” sin la celebración de vistas, reuniones o mayores consideraciones.