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  Por el libro
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2 de enero de 2020

El Vocero

Mientras corren las investigaciones del Departamento de Justicia y del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre los aumentos al costo del gas licuado, EL VOCERO evidenció que desde inicio de este mes de diciembre las empresas mayoristas de gas —Empire Gas y Tropigas— han incrementado sus precios, sin que estas compañías aparentemente hayan dado previo aviso a las agencias concernientes, lo que constituiría una violación al reglamento del DACO.

En un recorrido por diversas compañías de gas licuado, EL VOCERO pudo constatar que el alza en precio promedia los $15 en los cilindros de 100 libras y de $5 en los cilindros de 20 libras.

El VOCERO advino a conocimiento del alza, tras haber entrevistado, el pasado 12 de diciembre, a Ramón González, presidente de Empire Gas, —empresa importadora del 75% de la demanda actual— quien reconoció el aumento, pero aclaró que el mismo no tenía nada que ver con la significativa penetración al mercado de su empresa, sino que por años el gas licuado estuvo siendo vendido por debajo del costo, producto de la fuerte competencia existente.

El alza igualmente fue confirmada por el presidente de la Coalición de Distribuidores Independientes de Gas Licuado de Puerto Rico (Codigas), Carlos Declet Jiménez, quien aseguró que se trata de una autocorrección del mercado, producto de la entrada de Puma, la que —enfatizó— desarrolló una práctica de “dumping” por más de cuatro años y llevó los precios a niveles inferiores a su costo.

Acorde con González, desde comienzos de diciembre el precio para el cilindro de 100 libras se incrementó en cerca de $10, promediando entre $85 a $90. Mientras que el cilindro de 20 libras se encareció en $2.50, para un máximo de $20, y el cilindro de 500 libras experimentó un alza de 25 centavos por galón.

Le exigen justificar el alza

La semana pasada la secretaria del DACO, Carmen Salgado, informó que había solicitado a ambas empresas importadoras que presentaran toda la evidencia que justifica el aumento. Esta semana —y ante cuestionamientos sobre los resultados obtenidos de la información que debió ser entregada a la agencia— Salgado emitió una comunicación indicando que “DACO emitió las órdenes correspondientes, se continúa la investigación, estamos en espera de que las empresas entreguen la información requerida de acuerdo con el término concedido”. No obstante, en la entrevista previa concedida a este rotativo, se nos indicó que el plazo vencía el pasado 20 de diciembre y por lo tanto el término de tiempo concedido ya venció.

Acorde con la ejecutiva, la presentación de documentos no detiene la posibilidad de multas y otras penalidades que les pudieran ser impuestas por mantener el incremento en precio durante ese periodo, en abierta violación al Reglamento 45 del DACO.

La Isla cuenta con 790 distribuidores independientes de gas —legalmente establecidos—, los que pueden fijar sus precios dentro de la cadena de distribución y, además, hay decenas de distribuidores que operan de manera ilegal. Asimismo, el precio del gas fuera de la zona metropolitana tiene un costo más elevado.