Primera Hora
Prepárese, ya que el pollo podría subir de precio y rajar una vez más su bolsillo.
¿Quién tiene la culpa? La guerra que se le declaró al pollo congelado y pellejú tras la aprobación en el Senado de una medida que crea la Oficina de Inspección de Carne de Pollo para fiscalizar ese mercado e imponer sanciones si se engaña al consumidor o se pone en peligro su salud.
El Proyecto del Senado 2520, de la autoría del senador Luis Berdiel Rivera, crea la Ley Especial de la Oficina de Inspección de Carne de Pollo y busca atacar la importación desmedida del pollo congelado que, por lo general, es más barato que el fresco.
De inmediato, tres organizaciones que representan a empresarios en la industria de alimentos advirtieron que el precio del pollo podría aumentar en la Isla como resultado de la aprobación de la medida y calificaron la nueva oficina como una “burocracia adicional para supuestamente regular y fiscalizar un sector comercial que ya está ampliamente regulado y fiscalizado tanto a nivel local como federal”.
La alerta roja fue prendida por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) y el Centro Unido de Detallistas (CUD).
“Nadie se opone a que se proteja la salud del consumidor, pero esta medida es un subterfugio para poner el control de todo un sector comercial en manos de una junta que estaría controlada por un grupo que pretende autoreglamentarse, lo cual representa un claro conflicto de interés en perjuicio del consumidor”, afirmó el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes.
“Precisamente, para evitar conflictos y velar por los intereses del consumidor, las facultades reglamentarias deben estar en manos del sector público, como ocurre actualmente, o de personas sin interés comercial en el área que se busca regular. De su faz esta legislación provocaría un impedimento para lograr una fiscalización objetiva e imparcial”, agregó Reyes.
Por su parte, el presidente de Asore, Humberto Rovira, declaró que “existen cuatro organismos gubernamentales a nivel federal y local que regulan y fiscalizan la producción, elaboración e importación de la carne de pollo en protección del consumidor: el Departamento de Agricultura federal (USDA), y los departamentos de Agricultura, de Asuntos del Consumidor y de Salud del Gobierno de Puerto Rico”.
Agregó que “nadie ha escuchado en el país ni se presentó evidencia durante el proceso de vistas públicas de la existencia de querellas o problemas de salud del público por el consumo de pollo”.
Rovira urgió a la Cámara de Representantes para que no apruebe la medida, “que es mala para el consumidor, y el público debería exigir más información al respecto”. Cuestionó además si en efecto lo que busca esta ley es proteger al consumidor o si hay otros intereses de por medio envueltos. “Claramente no hace falta otro ente regulador”.
Para el Centro Unido de Detallistas, lo propuesto en el Proyecto del Senado 2520 representa una duplicidad de esfuerzos y recursos y entiende que la creación de una quinta agencia fiscalizadora del producto no tiene justificación.
“El objetivo que se percibe detrás de la medida es el integrar a un grupo del renglón de la cadena de producción del producto en la Junta de Directores a cargo de la oficina fiscalizadora propuesta. Esto representa un craso conflicto de interés, ya que esta junta estará a cargo de establecer la política pública que regirá a toda una industria, además de velar por la fiscalización adecuada del producto”, sostuvo el organismo a través de un comunicado de prensa.
Las organizaciones coincidieron en señalar que “lo que se busca realmente con la medida, y así lo ha expresado públicamente su autor, es que algunos productores locales que no pueden competir por precio puedan limitar la competencia y disponibilidad del producto. Esto sólo puede traducirse en que al final de la cadena los precios para nuestros consumidores se verán afectados”.
