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| Por el libro |
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7 de septiembre de 2011
El Vocero
El proyecto para detectar hurto de agua le cuesta a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) $10 millones anuales desde su implantación en el año 2008, pero a cambio genera un promedio de $60 millones adicionales en ingresos, informó el presidente ejecutivo José F. Ortiz Vázquez. El historial de contratación con la AAA de las dos compañías a cargo de ejecutarlo, ronda los $133,305,629 millones desde el año 2007 hasta sus vencimientos en el 2012, por prestación de diferentes tipos de servicios no necesariamente relacionados con hurto de agua, según corroboró EL VOCERO con los documentos que la corporación radica en la Oficina del Contralor. La empresa CH Caribe Engineers, P.S.C. obtuvo contratos por sumas que totalizaron $115,799,002 millones desde el 1ro. de junio de 2007 al 13 de junio de 2011. TrueNorth Corp., por su parte, se llevó contratos por el monto de $17,506, 627 desde el 29 de julio de 2009 al 12 de agosto de 2012. El primero de los contratos de la empresa CH Caribe es por la cifra de $15 millones para servicios relacionados con "construcción y reparación de estructuras". Los restantes siete contratos fueron para trabajos de "servicios técnicos". En el caso de TrueNorth, cinco de sus seis contratos fueron para "servicios relacionados con el proceso de elec. (elección) de datos". El más reciente—del 1ro. de julio de 2011 al 30 de junio de 2012—y por la cifra de $10 millones, es para "servicios técnicos" de lo que se entiende es el manejo y operación del Programa de Reducción de Agua No Facturada (PRANF). Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, ambas empresas son corporaciones domésticas con fines de lucro, con sede en Guaynabo, y cuyo volumen de negocios supera los $3 millones. TrueNorth tiene como presidente a Carlos G. Fernández Ferrer, Gabriel Fernández Ferrer es el vicepresidente y Alberto S. Rodríguez Poventud, es el agente residente de la corporación. La página de Internet de la compañía destaca que han tenido contratos para sistemas tecnológicos con el Departamento de Corrección, la Policía de Puerto Rico, Hacienda y la banca. Su presidente y vicepresidentes son hermanos de la famosa tenista puertorriqueña Beatriz "Gigi" Fernández. Mientras, el presidente y agente residente de CH Caribe es Jorge M. Alvarez Blasco, y sus directores son Evelio Agustín y Gastón Nogales. CH Caribe es el brazo local de la multinacional CH2 Mhill, empresa que desde la década de los ’90 maneja contratos de infraestructura y operaciones con la AAA y la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura. "Con CH los contratos son en promedio de $11 a $12 millones al año (para el PRANF) y han traído ingresos de $65 a $67 millones anuales", expresó Ortiz Vázquez. No obstante, después aclaró que los ingresos recaudados al detectar el agua no contabilizada o casos de hurto es de $60 millones anuales. Dijo que para este año decidieron contratar a TrueNorth para esos servicios porque es una firma especializada en aspectos de finanzas, mientras a CH la usarán únicamente en lo que es su fuerte en la industria: diseño y construcción. De los datos examinados por EL VOCERO de la Oficina del Contralor, no aparece registrado un contrato del 1ro. julio de este año a esta fecha para CH en otro renglón de servicios. El PRANF comenzó en el año 2008 con el proyecto Megacenso—otorgado a CH—para censar las cuentas y contadores que tenía la AAA en todo Puerto Rico. El propósito, según explicó el funcionario en aquél entonces, era detectar las verdaderas proporciones del hurto de agua versus el agua perdida por otras razones, ya que ambos renglones se estimaban que era tan alto como el 60 por ciento de todo el agua que producía la corporación. Ortiz Vázquez admitió en una entrevista el viernes, que ese trabajo no se completó y que sólo se hizo el Megacenso en el área metropolitana. En su lugar, decidieron trabajar con la información recopilada para comenzar a cobrar a quien no pagaba por el servicio y obligar a registrar a aquellos que tenían agua, pero sin cuentas en la AAA. "El Megacenso se hizo para el área metro y decidimos meter mano a lo que teníamos, a lo que ya sabíamos que no estaba registrado para comenzar a cobrar", explicó el funcionario. El proyecto se dejó de llamar Megacenso para sustituirse por PRANF, aunque corre con las mismas compañías y personal. Actualmente, el proceso de toma de decisiones lo ejecuta un comité compuesto por directivos de la AAA y las empresas ponen en operación los planes. La AAA refiere a las compañías los casos que detecta con atrasos y a quienes se les corta el agua y cancela la cuenta, además de los de hurtos de agua para procesamiento.
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