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| Por el libro |
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16 de agosto de 2011
El Nuevo Dia
Por tercer año consecutivo, los profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sufren la erosión de las permanencias y el establecimiento de contratos por servicios, así como la congelación de los ascensos en rango, "acción que conlleva una degradación del trabajo y afecta su capacidad de allegar fondos para la investigación y retener talentos de calidad", según dijo hoy la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Lida Orta Arnés. Recordó que entre los retos que enfrenta la institución y que repercuten en sus condiciones de trabajo, se incluyen la degradación de fondos, el incumplimiento de recomendaciones de la Middle States Comission on Higher Education en cuestiones de gobernanta y finanzas, la falta de transparencia de los procesos y de apertura de parte de las autoridades a para aceptar la participación de todos los sectores de la comunidad. Orta Arnés advirtió que "el discurso gubernamental ante la degradación de los bonos es una invitación a la privatización de la UPR, es parte del diseño que hemos experimentado en el país". Consideró que la amenaza de la degradación de bonos precede la ejecución de una agenda privatizadora y que es un escenario muy conveniente para aceptar las "recomendaciones" del Comité Asesor del Gobernador para la Educación Superior. Esas recomendaciones, anticipó, "irán dirigidas a trastocar estructuralmente la institución, siendo una de las áreas de interés de este grupo erosionar las permanencias de los docentes y establecer los contratos de servicios docentes como el modelo de contratación. De ser así, le advertimos a la administración y al gobernador que esta acción será un golpe mortal al Sistema de Retiro de la UPR, además de que se pondría en juego la ya lacerada calidad en las condiciones de trabajo de los docentes del Sistema UPR". Frente a este escenario, la APPU exhortó a los docentes a organizarse y anunció que la organización continuará demandando que la administración cumpla con su responsabilidad de estabilizar económicamente a la UPR mediante la devolución de los fondos que le han ido restando a la institución, la eliminación de la política partidista y la participación de la comunidad universitaria en los procesos de cambio.
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