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  Por el libro
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15 de agosto de 2011

La Opinion

Cuando se difundieron por primera vez las noticias de que la policía había puesto fin a un ritual de Santería con sacrificios en su casa en Coral Gables, Noriel Batista temió que el estigma que rodeaba a sus controvertidas creencias religiosas alejaría a los clientes de su modesta farmacia.

Cuatro años después, las puertas y ventanas de la farmacia Coral West, también conocida como Westchester Pharmacy, se encuentran cerradas y los pisos vacios. Pero la farmacia de propiedad independiente no quedó fuera del negocio por los prejuicios, sino por el sistema de justicia criminal.

Los reguladores estatales cerraron la tienda después que los investigadores descubrieron una gran confabulación de pago por recetas que le robó miles de dólares al sistema Medicaid, dicen los registros del Departamento de Salud.

Las autoridades acusaron al técnico de la farmacia de Coral West, Gerardo Parra, de 54 años, con robo en gran cuantía en tercer grado y fraude al Medicaid, los frutos de una larga operación encubierta.

La farmacia apeló esta semana el cierre.

Parra y otros empleados no identificados de Coral West hacen pagos en efectivo de rutina a los beneficiarios de Medicaid a cambio de recetas de medicamentos de los médicos, reclama el Departamento de Salud, y entonces le enviaban facturas al programa de asistencia médica del estado por esas pastillas — nunca en realidad dando lo que había en la receta, pero simplemente embolsándose el reembolso del estado.

Batista no fue acusado — su nombre nunca apareció en la descripción de 12 páginas del Departamento de Salud sobre la confabulación — pero las supuestas acciones de Parra, combinadas con múltiples prácticas médicas no seguras por el personal de Coral West, fueron suficientes para que el secretario de Salud del estado suspendiera indefinidamente la licencia de la farmacia en julio.

"Los esfuerzos repetidos y sistemáticos para defraudar al Programa Medicaid y su disposición para adquirir y mantener medicamentos adulterados en su inventario demuestran un imprudente desprecio a las leyes de este estado, así como a la seguridad del público", escribió H. Frank Farmer, secretario de Salud.

Batista no regresó los mensajes telefónicos que le dejó el viernes The Miami Herald. Lauren R. Fernández, abogado de Parra, declinó comentar lo que su firma legal calificó como una investigación en curso.

Aunque Batista no fue acusado, el caso ha tenido un efecto destructivo en su vida. Coral West, también conocida como Westchester Pharmacy, es ahora un espacio vacío en un centro comercial en Coral Way. La única indicación de que una farmacia ocupó esa propiedad durante 15 años es el nombre de la tienda en las ventanas enrejadas, con sus letras descascarándose.

Dos millas al este, la casa de Parra muestra señales similares de negligencia. La yerba crece alta en el patio delantero, y en el trasero — el lugar donde se sacrificaron 11 chivos y 44 aves de corral durante la ceremonia de Santería que provocó la controversia — se encuentra oculta por una alta cerca.

La incursión policial del 2007 provocó un gran debate entre los adherentes de la religión afrocubana y los vecinos que mencionaron preocupaciones de salud y seguridad.

"Ha arruinado mi vida", dijo al Herald ese verano Batista, un farmacéutico nacido en Cuba.

Aún así, Coral West sobrevivió. Pero la farmacia cayó bajo escrutinio en enero cuando un informante confidencial le avisó a la procuraduría general sobre el fraude.

Durante los próximos cinco meses, el informante y el agente encubierto del cumplimiento de la ley hicieron repetidas visitas a Coral West, donde Parra entregaba sobres con efectivo por cada receta de un beneficiario del Medicaid, que iban de $30 a $60, alega la orden de suspensión. De acuerdo con el documento de la acusación, más de dos docenas de personas con tarjetas de Medicaid hicieron cola el 22 de febrero para cambiar recetas por efectivo. En total, Parra envió cargos fraudulentos al Medicaid por $5,500 sólo con las recetas del agente encubierto y el informante.

La orden de suspensión de emergencia no dejó en claro cómo los beneficiarios de Medicaid eran capaces de obtener tantas recetas para varias sustancias controladas, incluyendo Prevacid, Crestor y Abilify.

En una ocasión, Coral West también compró siete cajas de parches Lidoderm — un agente soporífero — del informante por $190. Coral West también recargaba regularmente prescripciones verdaderas para una amplia variedad de medicamentos para el informante.

Todo esto llevó al arresto de Parra, y a la inspección del Departamento de Salud de Coral West el 9 de junio. Fue entonces cuando los investigadores determinaron que la farmacia no podía operar porque algunos de sus medicamentos no tenían los documentos de su historial, botellas que llevaban etiquetas de otras farmacias eran parte del inventario de Coral West y la farmacia almacenaba múltiples botellas sin ninguna etiqueta.

Parra, quien no ha apelado su suspensión, tiene programado comparecer el 23 de agosto en la corte para enfrentar cargos por delitos graves.