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| Por el libro |
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14 de julio de 2011
El Nuevo Dia
En momentos en que la producción de carne de res del País está en picada, una pugna entre los ganaderos y procesadores del producto, que involucra al Departamento de Agricultura (DA), parece complicar la situación, y los productores advierten que podría acabar con la industria nativa. "Esto es una desgracia lo que tiene la industria de la carne. Vamos a desaparecer, y esto va a afectar a los consumidores puertorriqueños porque la carne a nivel mundial ha subido una barbaridad, y no solo ha subido, es que va a escasear, no va a haber carne", manifestó Juan Ponce Fantauzzi, productor que actúa como presidente del Fondo para el Fomento de la Industria del Carne de Res de Puerto Rico, entidad privada creada por ley para promover el desarrollo de la industria. Los ganaderos, reunidos en cinco grupos regionales, circularon ayer una carta pública al gobernador Luis Fortuño pidiendo su intervención en la controversia, y aseguraron que el secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, está tomando medidas que podrían llevarlos a la quiebra. Ponce Fantauzzi, uno de los ganaderos firmantes en la misiva, se refirió al escrito, en el que advierten que la desaparición de la industria dejaría a los consumidores locales a merced de los precios que fijen los importadores que, según el productor de carne de res, suelen ser más elevados que los del producto fresco, y los que son más bajos corresponden a cortes de peor calidad. La carta dirigida al gobernador cita alegadas estadísticas del Departamento de Agricultura que reflejan que en 1950 los ganaderos del País producían el 74.5% del consumo local de carne de res, mientras que actualmente la producción apenas alcanza el 10% de la demanda local. El DA admite problemas El secretario Rivera Aquino reconoció que la industria de la carne de res confronta problemas, pero los adjudicó a la escasez de ganado, y dijo que los consumidores no deben temer por ahora. "Ellos necesitan tener cabezas de ganado. Tienen que buscar la forma de tener mayor ganado para satisfacer la demanda local", dijo el funcionario a El Nuevo Día. Rivera Aquino sostuvo que el Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res cuenta con cerca de $1.4 millones producto de las aportaciones que hacen los miembros de la industria. Cada ganadero contribuye con $5 por cada animal que se procesa. "Yo los he invitado a que inviertan los $1.4 millones que tienen acumulados... para maximizar los recursos que les da el Departamento de Agricultura para invertir en las áreas que permite un crecimiento", manifestó el secretario. Enfatizó que al momento no ha recibido ninguna propuesta por parte del sector ganadero, para que la agencia le paree fondos para proyectos que aumenten la producción o refuercen su mercadeo. "Yo les puedo parear fondos, pero hagan el dinero disponible para yo parear esos fondos", insistió. Ponce Fantauzzi, quien no quiso discutir en detalle la controversia para permitir que Fortuño se exprese primero, afirmó que el Fondo que dirige no puede disponer de esos fondos pues carece de personalidad jurídica. "Tan pronto nos den personalidad jurídica, podemos hacer negocio", señaló. Ante la consideración de Fortuño se encuentra un proyecto de ley que le conferiría al Fondo, al igual que a otras entidades similares de otras industrias agropecuarias, la facultad de manejar sus dineros de la misma forma que lo hace una corporación privada. No obstante, la Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias no menciona la personalidad jurídica, pero establece que las recaudaciones y desembolsos de los fondos se harán según dictamine la junta administrativa de cada entidad. Uno de los puntos neurálgicos de la controversia son las negociaciones entre los procesadores de carne de res, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecurias, adscrita el Departamento de Agricultura, y la Autoridad Escolar de Alimentos, que rige la oferta en los comedores escolares. Los ganaderos dicen que han sido excluidos por completo del proceso, y critican que los cinco procesadores que existen en la Isla determinan los precios y las condiciones en las que harán los pagos por el ganado que luego le venden al Gobierno para los comedores de escuelas. Fernando Machado, subordenador de la Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias, argumentó que los propios ganaderos han decidido no participar en las negociaciones por carecer de personalidad jurídica. Los productores de carne alegaron también que Agricultura mantiene sin presupuesto e inoperante la oficina que regula y promueve la industria. Y critican la figura de Machado por ser un empleado contratado sin facultad, según ellos, para reglamentar. Pero el propio Machado asegura que la oficina se mantiene operando regularmente bajo su incumbencia. "El hecho de que no haya presupuesto en la Oficina de Gerencia y Presupuesto asignado no la hace inoperante. Si fuera de esa manera, no podría tener un contrato para tener esas funciones específicas", puntualizó Machado, cuyo contrato es de un año por $1,800 mensuales.
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