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5 de abril de 2011

El Vocero

Cinco meses antes de que la alta gerencia R&G Financial y sus auditores transaran en Nueva York por $51 millones una demanda que los acusaba de "engaño e información falsa" así como de "fraude de valores", los reguladores federales le habían dado una inusual calificación de "excepcional" por su práctica de préstamos de desarrollo y construcción en la comunidad, renglón que eventualmente condujo al colapso a R-G Premier.

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El caso de R&GF y sus altibajos pone de relieve, entre otros factores, las posiciones contradictorias con las que frecuentemente se ha estado midiendo a la banca, tanto localmente, como en Estados Unidos. Además, ilustra cuán vulnerables pueden ser, inclusive, los inversionistas más sofisticados en el complejo mundo de las finanzas.

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Todo esto, en el contexto de un proceso fiscalizador que se supone sea altamente confidencial para proteger a las instituciones de información errónea, pero que también parece estar plagado de señales cruzadas y cuyas consecuencias han sido miles de millones de dólares en pérdidas para aquellos que confiaron en los informes optimistas de los bancos.

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Secreto no tan secreto

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Uno de los reguladores de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Antonio Salvá, asegura que usualmente los fracasos financieros se pueden prevenir a tiempo y que sólo cogen desprevenidos a aquellos inversionistas que no siguen de cerca los altibajos de la entidad.

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Ejemplo de ello, dice Salvá, fue toda la información que rodeó el cierre de R-G Premier, Westernbank y Eurobank en abril pasado y que comenzó a circular en enero con una serie de negociaciones con los bancos concernidos, así como con otros interesados en comprarlos. Tales negociaciones fueron precedidas por una serie de órdenes administrativas de la Corporación Federal de Seguro (FDIC, por sus siglas en inglés) –agencia que asegura los depósitos bancarios hasta $250,000– y que fueron publicadas en la página electrónica de los reguladores federales.

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"Es un proceso confidencial, pero en una comunidad tan chiquita como la nuestra todo el mundo sabe todo lo que está pasando", dijo Salvá en una reciente entrevista telefónica con EL VOCERO. Todos "sabían que esto iba a pasar", dijo en relación al cierre de las tres instituciones.

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Un examen de este diario a los voluminosos récords del FDIC y de la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) confirmó lo dicho por Salvá: las llamadas órdenes de cese y desista estaban disponibles en la Internet (
www.fdic.gov). Igualmente, existen los informes financieros que las compañías tienen que radicar con el SEC.

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Pero uno de los muchos problemas es que algunas instituciones no siempre los radican a tiempo y no siempre la información está correcta. Además, frecuentemente los medios prestan poca atención a sucesos que parecen ser inocuos, demasiado complejos o de poco interés para el público en general.

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Pagando en NY y festejando en SJ

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La consecuencia de este vacío informativo se puede observar en las discrepancias entre el contenido de los expedientes del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York –donde, sin bombos ni platillos, R&GF transó en agosto del 2008 el pleito de clase en su contra– y el de una intensa campaña publicitaria lanzada en San Juan para alegadamente celebrar sus 36 años de operaciones con 36 nuevos productos financieros.

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Pero las pérdidas monetarias sufridas por muchos no se pueden atribuir simplemente a esfuerzos como éste, para desviar la atención de los problemas por los que atravesaba el banco o a falta de sofisticación por parte de los inversionistas. Por ejemplo, el litigio de clase en Nueva York fue encabezado por algunos de los inversionistas institucionales más conocedores y ricos de Estados Unidos: los sistemas de retiro de las ciudades de Filadelfia y Detroit, que entre el 2003 y el 2007 compraron más de 40,000 acciones de R&GF.

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En Nueva York, la imagen exitosa que proyectaba R&GF comenzó a desplomarse en el 2005 cuando varios bancos locales –incluyendo R&GF– tuvieron que admitir que sus informes financieros estaban incorrectos. La admisión dio lugar a una lluvia de demandas que eventualmente fueron consolidadas por la corte en un pleito de clase. En la acción se alegaba que la información provista a los inversionistas y reguladores era "falsa y engañosa", ya que la institución había estado reportando ganancias en lugar de pérdidas cuando transfirieron a otros bancos préstamos como ventas y no préstamos asegurados. De tal manera, en lugar de reservas para posibles pérdidas podían reflejar ganancias.

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¿Con $51 millones o nada?

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Tras dos años y medio litigando –periodo durante el que R&GF y sus directores negaron toda responsabilidad– se transó el pleito de clase en agosto del 2008. Para entonces, sin embargo, la empresa así como otros dos bancos en Puerto Rico habían admitido que estaban bajo investigación del SEC y que habían usado una metodología que no reflejaba la verdadera naturaleza de las controvertibles transacciones interbancarias, por lo que tenían que reescribir sus estados financieros.

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El acuerdo -por una fracción de las pérdidas sufridas– era un buen negocio dijeron los abogados de los demandantes, porque de lo contrario podían quedarse sin nada. Existe "el riesgo de que R&G no hubiese podido cumplir con una sentencia judicial (o pagar cualquier cantidad sustancial en una transacción)", dice la moción detallando el acuerdo. Añade que la "condición financiera de R&G continúa deteriorándose rápidamente como resultado de la crisis crediticia mundial y hay un serio riesgo de que R&G no pueda continuar operando".

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Una labor "excepcional"

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Esta advertencia hecha en Nueva York contrasta con los elogios del FDIC en Washington, publicados sólo unos meses antes.

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En octubre del 2007, el FDIC le otorgó una calificación de "excepcional"

–distinción que sólo ha recibido otro banco en Puerto Rico, el Banco de Santander– luego de examinar su cumplimiento con lo que se conoce como la ley federal de reinversión en la comunidad.

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"R-G Premier Bank fue un líder en la concesión de préstamos de desarrollos en la comunidad", concluyó el informe de 52 páginas del FDIC, el que hace la salvedad que "la evaluación no toma en consideración ni la seguridad ni la estabilidad financiera del banco".

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Como prueba del buen desempeño del banco, el informe cita los detalles de 36 préstamos por $212.4 millones concedidos entre el año 2005 y el 2007, en su mayoría para construir viviendas multifamiliares en diferentes municipios de la Isla o para refinanciar proyectos en curso.

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El análisis en ningún momento menciona, que para esa fecha, otros funcionarios del FDIC habían estado en Puerto Rico escudriñando la misma cartera de préstamos y establecido, a raíz de ello, una serie de restricciones por un equipo que incluía funcionarios del Banco de la Reserva de Nueva York, el FDIC y OCIF.

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Dicha orden estaba todavía en vigor el 30 de abril pasado cuando OCIF y el FDIC cerraron el banco.