23 de febrero de 2011
El Nuevo Dia
Temiendo que la vida de algunos pacientes corra peligro, el Procurador del Paciente emitió ayer una orden contra los dueños de la cadena El Amal. El procurador ángel Rivera les dio hasta hoy para que le entreguen un plan de mitigación que establezca cómo van a suplirles los medicamentos a los pacientes que entregaron las recetas en sus farmacias, desconociendo que las mismas iban a cerrar. Rivera aseguró que si no recibe hoy el Plan de Mitigación, irá mañana mismo a los tribunales "con todo el peso de la ley". El funcionario confirmó a El Nuevo Día que ayer recibió 15 pacientes que se querellaron en su Oficina con relación al cierre de la cadena, entre los que había pacientes hipertensos, diabéticos y con condición de epilepsia. Muchos de ellos, incluso habían pagado de antemano la receta, y hasta ayer no habían recibido los medicamentos. Rivera, quien también es médico, dijo que le preocupa la salud de algunos de esos pacientes que tienen condiciones de cuidado, y que no se tomaron los medicamentos durante el fin de semana debido a que entregaron sus recetas en la cadena, sin saber que iba a cerrar. Según el Procurador, algunos querellados le contaron que fueron a comprar las medicinas a El Amal, pero en el recetario le indicaron que no las tenían disponibles en ese momento, pero que podían pasar a recogerlas al siguiente día. Algunos accedieron a pagarlas y cuando regresaron al otro día, se encontraron con que la cadena había cerrado sus puertas. "Eso es una falta de respeto, una falta de consideración. Es una crasa irresponsabilidad", expresó el Procurador. La carta con la orden de la Procuraduría se envió por correo y también a la mano, a través de un "contacto". Enfrentaría multas y demanda Rivera dijo que El Amal violó el artículo 4 de la Ley 194 del 25 de agosto de 2000, conocida como la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Violó además, según el Procurador, el artículo 8 del reglamento 7617 del 21 de noviembre de 2008, que estipula que el paciente tiene derecho a recibir servicios de calidad de cualquier proveedor de salud. Las multas podrían ascender a $5,000 por cada situación, y Rivera dijo que cada querella de los pacientes podría interpretarse como una situación individual. El Procurador también les requirió que le informen cuántas recetas tiene la cadena aún sin despachar. En horas de la mañana, la directora de la Secretaría Auxiliar de Reglamentación de Facilidades de Salud (Sarafs) se reunió con los dueños de la cadena y con asesores legales del Departamento de Salud. Según Wanda Rodríguez Hernández, los propietarios aceptaron que no cumplieron con el reglamento 142 del 9 de agosto de 2010 que requiere que se notifique el cierre con 30 días de anticipación. "Sabemos que la cadena de farmacias El Amal incumplió con los incisos del Reglamento, ya que el Departamento de Salud no fue notificado sobre el cierre como debidamente se requiere. Esto significa que la cadena de farmacias podría enfrentar penalidades de hasta un máximo de $5,000 por cada infracción", apuntó la directora de la Sarafs. La funcionaria indicó que los Yassin se mostraron dispuestos a cooperar con la investigación. El Nuevo Día intentó obtener reacción de los dueños de la cadena y no obtuvo respuesta. Directriz que crea dudas Sarafs emitió también una Orden Administrativa, que se supone entrara en vigor anoche o a tempranas horas de hoy, para permitirle, tanto a la persona que dejó su receta previo al cierre y no pudo obtenerla, así como a quienes tenían repeticiones pendientes, escoger dentro de su red de proveedores de farmacia o de la entidad aseguradora el despacho de ese medicamento. En el caso de repeticiones, la directora de Sarafs dijo que el paciente podrá optar por llevar el envase de la receta más reciente donde se identifica la receta e indica si tiene repeticiones. Sin embargo, el Procurador del Paciente dijo que la directirz es "contraria a la Ley de Farmacias de Puerto Rico". "Si llevan ese potecito a la farmacia, la farmacia le va a pedir que le entregue la receta. Esa es una orden improcedente", aseguró Rivera. Empleados reclaman ayuda De otro lado, decenas de empleados de El Amal llegaron ayer al Departamento del Trabajo en busca de asesoría sobre cómo podrán cobrar el salario que le adeuda la empresa y las licencias acumuladas. El secretario Miguel Romero los recibió en la calle y se comprometió a ayudarlos, aunque les aclaró que aún no se había comunicado con el patrono.
