12 de noviembre de 2010

El Vocero

Uno de los crímenes que más afecta a la ciudadanía en estos tiempos es el robo de identidad. Esta modalidad tiene el efecto de trastocar las finanzas y el crédito de las personas cuyos datos son utilizados ilegalmente por terceros.

En días recientes una comisión especial reveló que en la actualidad el gobierno no puede garantizar la protección adecuada de los datos personales que maneja sobre los ciudadanos. Es por ello que la mayoría de los casos de robo de identidad que se registran en el país se deben a que las agencias de gobierno no protegen adecuadamente los documentos que contienen información sensitiva de los ciudadanos.

Por más campañas de orientación que se han hecho relacionadas a este tema, todavía en la mayoría de las agencias, en instituciones bancarias, de seguros y cooperativas aun requieren a las personas el número de seguro social como mecanismo de identificación. Lo mismo sucede con los certificados de nacimiento. Si les decimos a las personas que deben proteger esos documentos y no brindarlos en cualquier gestión, no podemos establecer procesos que requieran de éstos. Mucho menos en las dependencias gubernamentales.

Escuelas, hospitales, el Fondo del Seguro del Estado, el Departamento de Hacienda, el Departamento de la Familia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y el Departamento de Estado son algunas de las dependencias en las que se le requiere al ciudadano el número de seguro social u otros documentos sensitivos que luego no son protegidos adecuadamente. Se dice que la falta de controles es tan dramática que el 40 por ciento de los casos de robo de identidad que se registran en la Oficina de Pasaportes de Miami están relacionados al mal manejo de documentos en el gobierno de Puerto Rico.

Ante este cuadro resulta urgente establecer una nueva política pública sobre la seguridad y manejo de documentos sensitivos de identidad en las agencias de gobierno, así como una fiscalización estricta en las divisiones de sistemas de información de las agencias públicas. El robo de identidad no es cosa de juego.