28 de febrero de 2010
El Nuevo Dia
Una victoria incompleta. La nueva ley federal que regula el negocio de cuentas rotativas representa un paso de avance, pero no es una panacea, aseguraron dos organizaciones que abogan por la protección del consumidor. "La nueva ley debe beneficiar al consumidor. Se están estableciendo unos controles y en ese sentido, se está poniendo el cascabel al gato", dice Jorge Cardona, gerente de operaciones para Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico (CCCS). Según Cardona, el requisito de notificación de 45 días ante la eventualidad de cambios en los términos del contrato de la tarjeta de crédito, así como el ejercicio de divulgación en torno al tiempo en que el consumidor puede saldar esa deuda constituyen dos de los elementos más importantes de la ley. "Eso va a poner al consumidor a la expectativa", agrega. Norma P. García, asesora legal para Consumer Union, una de las organizaciones representativas de los derechos del consumidor en los Estados Unidos, cataloga el estatuto como una victoria para los consumidores luego de años en que los tarjetahabientes reclamaron acción de gobiernos y organismos regulatorios, acciones consideradas injustas por parte de los emisores de tarjetas de crédito. "Es una gran mejora de la situación que existía antes. Ahora tenemos unas restricciones que son muy necesarias", dijo la abogada en entrevista telefónica desde California. De acuerdo con García, el mayor avance, en términos de la protección directa al consumidor radica en la prohibición de imponer tipos de interés más altos a saldos existentes. García aclara que la referida prohibición tiene excepciones en el caso de tarjetas con tipos de interés variable, si el consumidor se retrasa en el pago de su obligación por más de 60 días o si se trata de ofertas promocionales. Restricciones al crédito A preguntas en torno a cómo se afectará el acceso de los consumidores a nuevo crédito por causa del estatuto, García reconoce que "seguramente", el crédito podrá restringirse. Pero de inmediato aclara que no se trata de acceso al crédito sino a mejores condiciones a la hora de que un consumidor busque financiamiento. "Es un asunto de mejor crédito. Había mucho crédito, pero no queremos condiciones de crédito malas sino de crédito de calidad", indica la abogada, cuya organización se conoce por la publicación de la revista especializada Consumer Reports. Espacio para mejorar Pese a las bondades del estatuto, Cardona y García destacan que la ley no confiere protecciones absolutas al consumidor. García indica que en términos de legislación, todavía hay espacio para mejorar en diversos aspectos y que mientras eso no suceda, el consumidor tendrá que permanecer alerta. Por ejemplo, García subraya que la ley no impone topes a las compañías en lo que respecta a tasas de interés. "Las compañías seguirán muy inventivas para crear nuevos tipos de pago", agrega García al reconocer que pueden establecerse nuevos cargos por servicio, aumentos en cuotas anuales o tarifas parecidas. Mientras Cardona destaca que el estatuto no atiende la cruda realidad que viven miles de consumidores. Señala que el auge del plástico en Puerto Rico fue tardío en relación a Estados Unidos, pero "le hemos cogido un cariño especial". El cariño es tal que Cardona señala que al presente, hay miles de consumidores que utilizan las tarjetas de crédito para cubrir su diario vivir, al punto que en promedio, los boricuas que atiende CCCS tienen entre cuatro a cinco tarjetas de crédito, con deudas que suman entre $15,000 a $20,000. "La gente que se ha quedado sin trabajo está viviendo de las tarjetas de crédito porque simplemente no pueden más", destaca. Y esos consumidores, Cardona subraya, estarán expuestos a penalidades por retrasos o aumentos en las tasas de interés. "A esos consumidores, que están abajo en la rueda, que no tienen alternativa, la ley no les protege", acota.
