3 de septiembre de 2009

El Vocero

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) nunca le informó a sus bonistas que estaba litigando en el Tribunal Federal un fraude multimillonario que por una década impactó, no sólo el precio del combustible adquirido para las plantas generatrices, sino que eventualmente llevó a la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés) a imponerle multas multimillonarias y exigirle que comprara un combustible más limpio de contaminantes pero mucho más caro. Esta omisión de la AEE va en contra de las reglas que rigen el mercado de valores.

Varios de los pasados directores ejecutivos de la AEE, entre ellos Edwin Rivera Serrano y Jorge Rodríguez, atribuyeron en distintas ocasiones los problemas financieros de la compañía de la luz al requisito de tener que comprar un combustible con menor contenido de azufre que el que se estaba adquiriendo para la época que estalló el escándalo de las certificaciones falsas de calidad emitidas por el laboratorio Caleb Brett.

De hecho, si la AEE hubiera recuperado las pérdidas de $500 millones que se estima sufrieron los abonados a consecuencia del fraude de los certificados falsos, podría más que cubrir el déficit operacional de unos $300 millones que la corporación confronta.

Pese a la importancia, a largo plazo, en las finanzas de la AEE de ese esquema perpetrado por varios suplidores y el laboratorio, un examen de varios informes financieros de la AEE de principio de década confirma la ausencia de cualquier mención del pleito radicado por el Gobierno contra Caleb Brett en agosto de 2002, fecha para cuando funcionarios de la propia compañía de la luz le habían confirmado a EL VOCERO que agentes federales estaban simultáneamente investigando la falsificación de certificados de calidad de combustible para alegadamente ocultar el alto contenido de contaminantes tales como azufre, asfalteno y vanadio.

Para aquél momento ya varios funcionarios de la AEE, incluyendo uno de sus abogados que servía de enlace con los agentes federales, le habían confirmado a este diario la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. "Nos han pedido muchísima información -- cientos y cientos de papeles", dijo el licenciado John Uphoff. "Es muchísima información por largos períodos de tiempo".

Uphoff, quien para entonces llevaba más de un año coordinando la información entregada a los investigadores, admitió las serias consecuencias que podían tener las irregularidades en los certificados de calidad para la AEE: "Es bien importante que la calidad del combustible cumpla con unos requisitos, si no estaríamos pagando de más por un producto de menor calidad".

Pagando de más por menos

La más notoria y visible de las consecuencias de tal fraude fue el sobrepago en la compra de combustible de unos $500 millones, pero el esquema usado por años tuvo otro impacto en las finanzas y las operaciones de la AEE, de acuerdo con el contralor, Manuel Díaz Saldaña.

"La adquisición y uso de combustibles que no reúnan los parámetros de calidad establecidos por las agencias reguladoras puede conllevar la imposición de multas y penalidades, privando así a la AEE de los recursos necesarios para llevar a cabo sus demás operaciones y afecta la salud del pueblo y el medio ambiente. Además, ocasiona el deterioro acelerado de la infraestructura de las centrales generatrices requiriendo un mantenimiento adicional," señaló el informe de auditoría CP-02-26 de mayo de 2002, que luego dio lugar al pleito radicado por la AEE contra el laboratorio en la corte federal de San Juan.

Defensa de fallas

Irónicamente, entre los documentos que salieron a relucir en el expediente judicial, la AEE previamente había cuestionado a los auditores la importancia de comprar combustible que no cumpliera con las leyes ambientales.

"La reglamentación vigente no impide recibir combustible fuera de especificaciones para que este sea corregido en nuestros tanques, haciendo los ajustes correspondientes al costo de combustible", apuntó el entonces director ejecutivo de la AEE, Héctor Rosario en uno de las docenas de comentarios disputando los hallazgos de la auditoría.

Tal respuesta no disuadió al Contralor que a su vez señaló que "en los documentos examinados no se localizó evidencia sobre las reclamaciones, si alguna, que realizara la AEE al laboratorio privado o a la compañía privada" para tratar de recuperar lo pagado en exceso por un combustible de menor calidad que lo especificado.

EPA cambia reglas de juego

El juego de las violaciones a las leyes ambientales terminó para septiembre de 2004 cuando luego de cinco años en la corte la EPA forzó a la AEE, entre otras cosas, a reducir sustancialmente el contenido de azufre del combustible residual #6, que también se conoce como Bunker C, usado en sus plantas.

El acuerdo exigió que el contenido de azufre bajase primero de 1% a 0.75% y eventualmente a 0.50%. El acuerdo por consentimiento exigió que se empezara por reducir los contaminantes en Costa Sur y Aguirre para luego incluir a las plantas de Palo Seco y San Juan.

Cuanto este cambio le incrementó el costo del combustible a los consumidores, se puede apreciar en documentos viejos de la propia AEE citando una publicación especializada de la industria del petróleo, Platts Oilgram, con un desglose de la diferencia en los escaladores de precio dado el contenido de azufre.

Por ejemplo, para diciembre de 2004 un barril de residual #6 con un contenido de azufre de 2.2% (lo cual no se permitiría legalmente en la Isla) tenía un precio de $20.065. Tal costo subía a $25.1875 por 1% de azufre y el alza sería aún mayor para el 0.50% que costaba $32.5000 en aquel momento.