25 de agosto de 2009
Limon Auto
El representante Jorge Navarro Suárez, presidente de la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, presentó en el día de ayer una nueva versión de la "ley limón" que procura lograr un consenso entre Cámara y Senado que finalmente le de paso a la aprobación de la medida. El número del proyecto es el P. de la C. 1926.
Para Ignacio García, presidente de la organización sin fines de lucro www.limonauto.com, la nueva versión de la "ley limón" constituye una medida de avanzada que a su juicio recibirá el visto bueno de la Asamblea Legislativa durante la presente sesión legislativa. "Los cambios que ha sufrido la medida a base de las recomendaciones del Senado y el Departamento de Asuntos del Consumidor convierten la misma en una de las leyes limón más completas de todos los Estados Unidos. Desde esa perspectiva, haremos todo en nuestro poder para que se logre un consenso entre Cámara y Senado", dijo García. Según García, la nueva versión de la "ley limón" incorpora ocho de los nueve requisitos planteados por la senadora Lornna Soto, presidenta de la Comisión senatorial de Asuntos del Consumidor, para la aprobación de la medida. El único requisito de la senadora Soto que no fue acogido por la Cámara – imposición de fianza a los fabricantes de autos – será considerada en una medida separada que se anticipa será presentada a finales de la presente semana. "Nos parece que la discusión de esta importantísima medida ha madurado bastante, por lo que el ambiente político es propicio para que finalmente logremos nuestro objetivo de que Puerto Rico deje de ser la única jurisdicción americana que no cuenta con una ley limón que proteja al consumidor adquiriente de un vehículo de motor", puntualizó. La "ley limón" busca eliminar demoras injustificadas por parte de los concesionarios de autos durante la prestación de servicio en garantía. La medida establece que se debe otorgar un carro nuevo o se debe rembolsar el dinero a un consumidor que haya tenido que llevar su auto nuevo a arreglar en cuatro o más ocasiones por el mismo problema. Puerto Rico es la única jurisdicción estadounidense que no tiene una ley a esos fines.
