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| Estirando el chavito |
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15 de junio de 2009
Primera Hora
Ya comenzaron a llamarlo "el Fortuñazo". ¡Ay, qué dolor! La contribución especial que se aplicará a partir del próximo septiembre a unos 365,000 hogares puertorriqueños se sumará a otro aumento aprobado por 39 municipios a la tasa tributaria de las propiedades que entrará en vigor el próximo mes. Pero a diferencia del tan temido impuesto sobre las ventas y su (IVU), que los puertorriqueños podrían "controlar" modificando sus prácticas de consumo, el impuesto especial que aprobó la administración de Luis Fortuño mantiene en una encerrona económica a una cantidad significativa de ciudadanos de ingresos medianos que no cuentan con una exoneración contributiva de su propiedad. Ante los altos costos de la vivienda, las propiedades primarias de gran parte de los ciudadanos sólo cuentan con una exoneración "parcial" debido a que su tasación para fines contributivos, que no se debería confundir con la realizada para una institución bancaria, excede los $15,000. Aunque el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) es la dependencia que recibe los recaudos del impuesto que se destinan a los municipios, el Departamento de Hacienda se encargará de cobrar el nuevo impuesto que se extenderá por un periodo de cuatro años. Los ciudadanos afectados notarán el aumento mediante una nueva libretita de pagos que les enviará la institución bancaria que tiene su préstamo hipotecario o a través de una carta de Hacienda que solicitará el pago. morosidad a la vista La doble tributación es objeto de preocupación entre economistas, representantes de la industria de vivienda residencial, e incluso algunos funcionarios de la administración de Fortuño que no descartan un aumento en la tasa de morosidad de contribuyentes que mantienen deudas con el CRIM, tal y como sucedió en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al implantarse el alza en la factura del agua. Ya el 25% de los contribuyentes de la agencia con cuentas corrientes tienen deudas atrasadas y se teme que esta proporción podría aumentar debido a la recesión económica y la contribución especial que manejará Hacienda. "Es muy posible que haya un efecto de morosidad y no sabemos si esto se va a reflejar en los recaudos del CRIM o mediante la contribución especial", consignó la directora ejecutiva del CRIM, Gloria E. Santos Rosado, quien tampoco descartó que los problemas que enfrenta la industria de bienes raíces se agudicen a raíz del impuesto. Aunque las obras municipales se consideran como un elemento catalítico de la economía regional, Santos Rosado advirtió que un alza en la incidencia de morosidad podría impactar negativamente las finanzas de los municipios con la reducción de sus recaudos. "Ya los recaudos en los municipios han disminuido. Pero nosotros, como agencia, podemos contribuir poniendo al día las cuentas atrasadas" , dijo la funcionaria. El CRIM cobra en julio y enero, mientras que Hacienda exigirá su tajada en septiembre y marzo. Encima, la mitad de los contribuyentes con propiedades recibirán el primer golpe a sus bolsillos con el aumento a las tasas que controlan los municipios. La ley de administración de Fortuño impide que se realicen más incrementos a la tasa en los próximos cuatro años, pero la mitad de los municipios se adelantaron a la medida, implantando el alza en las tasas que en algunos pueblos excede el 10%. En los pasados dos años, más de 30 municipios han aumentado y hasta duplicado los impuestos sobre la propiedad mueble, es decir, los artículos que venden los comercios. "La realidad es que esto representa una carga adicional", admitió la funcionaria. Un proyecto de ley pretende uniformar la tasa que se utilizaría para computar la contribución especial, que en términos prácticos duplica el pago. El CRIM, por otra parte, intenta incrementar los recaudos a los municipios realizando tasaciones en propiedades que recientemente su equipo técnico ha identificado. Denuncia roja La nueva contribución le ha provisto las municiones que requería la oposición política para minar la credibilidad del Gobernador, que basó su pasada campaña electoral en criticar los aumentos aprobados por la administración de Aníbal Acevedo Vilá. A pesar de que muchos contribuyentes desconocen que están pagando los impuestos sobre la propiedad a través de la cuenta de reserva (escrow) de sus hipotecas, el Partido Popular Democrático subraya la manera subrepticia con la cual la administración de Fortuño "sí metió las dos manos" en el bolsillo del contribuyente. "Es un impuesto doble y la gente lo tendrá que pagar con su bolsillo. Es un impuesto que afectará a la clase media y la clase media alta puertorriqueña", sentenció el presidente de la Pava, Héctor Ferrer. Cabe destacar que la ley que faculta la doble tributación de la propiedad también elimina el certificado de exención en el pago del IVU para los revendedores e impone un nuevo arbitrio sobre las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Pero el impuesto que posiblemente tendrá más repercusiones sobre las finanzas familiares de los puertorriqueños será la nueva contribución sobre la propiedad. El PPD la objeta con planteamientos que cuestionan su constitucionalidad. "Uno puede intentar evitar el IVU, pero esta contribución es inescapable", dijo Ferrer. El PPD considera que el Gobierno podría aumentar los recaudos intensificando sus esfuerzos para recaudar el sales tax. También sugirió que se les exija el pago de contribuciones a compañías exentas. ¿Justicia social? Para algunos economistas, como José Alameda, la medida de emergencia resulta como un instrumento de recaudo que no atiende la necesidad creciente de revisar el sistema contributivo del país. "Veo que en cierta manera hay justicia contributiva, ya que estas contribuciones deberían haber aumentado hace tiempo. Pero podría incumplir con los mismos objetivos que persigue", dijo Alameda. El economista advirtió también que la medida de emergencia podría ser detrimental para aquellos con menos recursos económicos.
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