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  Por el libro
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12 de julio de 2006

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) denunció ayer la dificultad que enfrentan en los tribunales porque no dan paso a las peticiones de desacato contra comerciantes, empresarios o constructores que defraudan a los consumidores de la Isla.

Así lo aceptó ayer la subsecretaria del Departamento, Lisa Estrada, en una vista de la Comisión senatorial de Asuntos Federales y del Consumidor.

En la audiencia se buscaba conocer los recursos que tiene DACO para proteger al consumidor contra los constructores o empresarios que enfrentan varias querellas y que han dejado vencer sus fianzas ante el DACO.

La funcionaria dijo que las querellas se atienden con las fianzas que han pagado los contratistas o empresarios. Si el empresario o contratista no tiene fianza o no está registrado, se le impone una multa.

En los casos donde el afectado se niega a pagar la multa, el DACO acude a los tribunales imputando desacato.

"Se emite una resolución y en la parte dispositiva de la misma debe decir que tiene tantos días para cumplir o devolverle al consumidor cierta cantidad. Si transcurren esos días y no se hizo, entonces el abogado de la División de Litigios del Departamento comparece en auxilio de jurisdicción ante el tribunal y le pide al tribunal un auxilio de jurisdicción para que se haga cumplir la orden", dijo la funcionaria.

"El problema que hemos tenido siempre, por años, es que el tribunal no quiere expedir orden de desacato. Nosotros solicitamos el desacato si no ha cumplido y hasta allí llegó", añadió.

El presidente de la Comisión, Orlando Parga, cuestionó si es necesario enmendar la ley que crea el DACO para que tenga más autoridad a la hora de solicitar que se encuentre incurso en desacato a un contratista que no paga la multa impuesta. La funcionaria dejó entrever su aprobación a que se refuerce la ley que crea al Departamento.

Estrada comentó, por otra parte, sobre el status del caso contra la empresa Puertas, Ventanas y Algo Más, contra quien pesan decenas de querellas por alegadamente timar a diversas personas.

Explicó que el caso se sometió ante el Departamento de Justicia. En este momento está ante la División de Monopolios y Delitos Económicos de esa agencia.