9 de julio de 2007
Por: Myfloridalegal.comEl Procurador General Bill McCollum archivó hoy una demanda en contra de una agencia de cobro de morosos del Condado Duval, alegando que la compañía empleo tácticas abusivas para cobrar las deudas de sus objetivos. La queja cita a múltiples incidentes de prácticas para cobrar impropias usadas por Bass Prelitigation Services con base en Jacksonville, trayendo a la luz el flagrante comportamiento que provocó la investigación por la Procuraduría General.
"Las agencias de cobros de morosos nunca deben de recurrir a amenazas o intimidación como el medio por los cuales los fondos son eventualmente cobrados," dijo el Procurador General McCollum. "Los consumidores que se encuentran bajo un peso financiero merecen nuestra protección y consideración, no la naturaleza de usura de estas alegaciones."
La investigación en las prácticas de la compañía fue iniciada cuando la Unidad de Crímenes Económicos de la Procuraduría General recibiera numerosas quejas del Better Business Bureau. Los consumidores se quejaron de que la compañía uso tácticas ilegales y agresivas para colectar las cuentas, incluyendo haciéndose pasar por abogados, amenazando arrestos y colectando honorarios ilegales más altos que la cantidad originalmente debida. Se alega que hasta los empleados se hicieron pasar como investigadores afiliados con agencias estatales o gubernamentales.
Fueron nombrados en la demanda los dueños de la compañía Frank y Evelyn Jackson así como también otra compañía relacionada, Jackson Phillips & Associates, dicha demanda fue archivada hoy en la Corte del Circuito del Condado Duval. La queja cita numerosas violaciones a la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Fraudulentas de Florida así como violaciones concomitantes al Acta de Practicas de Recaudación al Consumidor de Florida y la Acta Federal de Recaudación Justa de Deudas y Prácticas de Colección. La Oficina de la Procuraduría General ha solicitado que la compañía cese sus operaciones inmediatamente y que sea impedida permanentemente de operar en el estado de Florida. La queja también busca restitución al consumidor para las victimas que pagaron más a la compañía que lo que ellos debían y más de $1.2 millones en penalidades.
