23 de julio de 2007
Por: El Nuevo Dia Orlando
El representante estatal Darren Soto ha tomado cartas en el asunto del fraude hipotecario que amenaza con dejar a decenas de familias hispanas en la calle.
El legislador del Distrito 49 intercederá ante las autoridades para que se tome acción en el caso, además de estudiar legislación que haga más duras las leyes contra los estafadores y proteja a los consumidores, según le dijo a El Nuevo Día.
Soto enviará hoy una carta al Fiscal General y al Departamento de Regulación Financiera del estado para recomendar que se tome acción en el caso de posible fraude de 4 Solutions Inc.
“El primer paso será enviar esta carta. Esta es mi responsabilidad y estoy comprometido a trabajar para dar solución a los problemas de nuestra comunidad”, dijo Soto tras entrevistarse con la activista Bárbara Hernández, quien le expuso la situación junto a una petición para que promulgue una ley de regulación a los prestamistas hipotecarios en la Florida.
“Debemos establecer quién tiene responsabilidad de este tema. Los negocios, hipotecas, y así poder dar una solución amplia. Será una pelea muy grande”, agregó el legislador, quien dijo estar a favor de una propuesta de ley en este campo que llevaría a la próxima sesión legislativa.
Durante el diálogo, Hernández, ella misma víctima de fraude en el pasado, le explicó brevemente al representante la terrible situación que pasan más de 50 familias hispanas tras ser presas de los inescrupulosos. 4 Solutions Inc, según se alega, vendió sus propiedades sin su consentimiento, haciéndoles creer que iban a recibir refinanciamiento.
Soto indicó que le preocupa de sobremanera el tema de los embargos hipotecarios que ha afectado en los últimos meses a los residentes de su distrito, tanto en Orange y Osceola.
“Hemos visto que los embargos han aumentado mucho en tres sectores como Falcon Trace, Hunters Creek y Buenaventura Lakes”, acotó.
La propuesta de ley es similar a la que tiene el estado de Colorado, en la que se exige la revisión de antecedentes criminales , incluyendo las huellas digitales, a los prestamistas hipotecarios, a los que se exige se inscriban en la División de Asuntos Inmobiliarios del gobierno estatal, además de tener un seguro de al menos $25,000 para proteger al comprador en caso de errores. Además, para renovar la licencia tendrá que pasar por una rigurosa revisión administrativa en el plazo de tres años.
“Esperamos que usted, legislador, sea la voz de esta gente y lleve esta propuesta de ley para que no se cometan más abusos como los que hemos sido víctimas de fraude hipotecario”, indicó Hernández.
