5 de septiembre de 2007
Por: Primera HoraUna iglesia y una asociación recreativa entre las timadas en millonario fraude piramidal.Alrededor de 236 testigos han desfilado ante la jueza Carmen Teresa Lugo que hace 22 días preside la vista preliminar contra los empresarios Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera, acusados de 1,624 cargos, cada uno, por un fraude ocurrido en los años 2004 y 2005.La Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, a través del fiscal Marc Thys, presentará 406 testigos que alegan le confiaron sumas de dinero que fluctúan entre los $1,000 y $250,000 bajo la promesa de que multiplicarían lo invertido en un termino de 90 días.Los testigos que ha presentado el Ministerio Público han implicado a Rivera Vázquez y a Soto Rivera, quienes operaban las oficinas de la CIA Financial Consulting en Mayagüez y Quebradillas, como las personas a las cuales confiaron miles de dólares.Además de los cientos de ciudadanos timados en diferentes puntos de Puerto Rico y en Estados Unidos, algunos también pusieron dinero a nombre de entidades que representan como el caso del deportista Carlos Manuel "Charlie" Pérez, quien además de invertir a nivel personal 10 mil dólares, invirtió igual cantidad a través de la Asociación Recreativa de Sábalos en Mayagüez.En el caso de Wilfredo Henríquez Marrero, éste invirtió $5,000 a título personal, e igual cantidad en representación de la Iglesia Cristiana El Salvador, cantidades que ni él ni sus feligreses han recuperado. Otros testigos del ministerio publico han sido tres empleados de Rivera Vázquez y Soto Rivera, identificados como Ada Jordán, Jorge Pagán Avilés y Francisco Pérez Castillo, que eran las personas que salían a la calle en busca de prospectos clientes para invertir dinero.Los imputados les decían a sus clientes que las sumas de dinero serían utilizadas para la compra de moneda en el Tesoro de los Estados Unidos y luego lo invertido les sería duplicado.Cuando los ahora perjudicados vieron que pasaban los meses y no aparecía el dinero presentaron querellas en el foro federal y estatal, que iniciaron investigaciones por separado.En el foro federal, el caso está en manos de las Oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) de Aguadilla.Mientras, en el foro estatal los agentes Víctor Pérez y Natanael Álvarez, de la Unidad de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, lograron recopilar evidencia de 406 querellantes, pero se estima que unas 1,200 personas pudieran haber sido timadas.
