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26 de octubre de 2007

Por: La Opinion

Varios legisladores advirtieron ayer en el Congreso acerca de la necesidad de una mejor información para los hispanos a la hora de comprar una casa y recomendaron a los actores en este mercado que fomenten flexibilidad, ética y colaboración en sus contratos.

"Uno de cada 12 préstamos a latinos termina en embargo [que consiste en el retiro de la propiedad por falta de pago]", dijo ayer el demócrata Joe Baca, presidente del Instituto del Caucus Hispano (CHCI) de la Cámara de Representantes del Congreso de EU.

Este organismo hizo público ayer el informe Propiedad sostenible. Implicaciones políticas y de mercado para las comunidades, sobre los problemas del acceso a la vivienda de la comunidad hispana, en un acto organizado en la Biblioteca del Congreso estadounidense.

Los participantes de la reunión, que pertenecían al panorama legislativo, bancario e inmobiliario, coincidieron en que la colaboración entre todos los actores involucrados en el mercado de la vivienda es fundamental para acabar con este problema.

"El objetivo de esta iniciativa era aunar los esfuerzos de todas las personas involucradas: legisladores, bancos, agencias de bienes raíces, y consejeros inmobiliarios", dijo Alejandra Medina Louden, coautora del informe e integrante del programa sobre vivienda (HOGAR) del CHCI.

Según el informe, la tasa de propiedad de vivienda en la comunidad hispana en 2006 fue del 49.5%, muy por detrás de la tasa promedio nacional, que es del 68.9%.

 "Uno de los problemas más importantes que descubrimos fue la tremenda falta de acceso a la información y a la ayuda adecuada por parte de la comunidad latina, que queremos paliar con iniciativas como ésta", dijo Louden durante su intervención.

El informe, que trató de identificar las causas más destacadas de embargos entre los hispanos y sus posibles soluciones, señaló tres recomendaciones para poner en práctica a nivel nacional.

La primera establece que "los prestamistas deben usar términos flexibles a la par que información sobre propiedad de viviendas proporcionada por fuentes profesionales".

Además, animaron a los líderes de la comunidad hispana en materia de vivienda a que "faciliten la comunicación entre los profesionales inmobiliarios y los consejeros en la materia".

"De esta manera se podrá hablar de cómo los consejeros pueden ayudar a los consumidores a comprar y mantener su vivienda", dijo Louden.

Bob Menéndez, senador demócrata por New Jersey, también presente en este acto, dijo: "Durante los próximos 18 meses más de dos millones de hipotecas van convertirse en préstamos de alto interés".

"Muchas de estas personas van a perder sus casas. Y no me refiero sólo a un tejado y cuatro paredes, sino al lugar al que vuelves cada noche después del trabajo y donde acuestas a tus hijos", añadió Menéndez, que pertenece al comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.

El informe resaltó además la necesidad del "desarrollo de un sistema que permita a los profesionales y a los consumidores reportar de manera anónima actos que no sean éticos para así proteger la seguridad de los consumidores".

"A la falta de información se une otra barrera, que es el miedo, la desconfianza y la vergüenza. No saben a quién preguntar y, en caso de estafa, sienten temor a denunciar a los autores", dijo Louden.

Por su parte, el representante demócrata por New Jersey Albio Sires explicó que el proyecto de ley de reforma de las hipotecas (Mortgage Reform Act), podría ser una solución a muchos de los problemas destacados por el informe.

"Nos parece que el texto propuesto [pero que aún no se ha debatido] tiene el equilibrio necesario entre los productos del mercado y la necesidad de protección del consumidor", consideró Louden.