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| Por el libro |
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28 de enero de 2008
Subsidios que aumentan el costo de la luz. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) otorgó el año pasado cerca de $228.6 millones en subsidios directos a diferentes sectores residenciales, comunitarios y comerciales, así como en aportaciones a los gobiernos municipales para cubrir la totalidad de sus gastos de luz, que se financiaron a través de las facturas de los 1.5 millones de clientes de la corporación pública. La astronómica cifra se calculó dentro del tan temido renglón de “compra de combustible” de la factura energética que continúa aumentando paralelamente al precio del petróleo y que es el factor que más incide sobre el elevado costo energético en Puerto Rico. Todos los subsidios y aportaciones se descuentan de los ingresos netos de la corporación que se nutre con el dinero de los abonados. Estimados de la corporación pública apuntan a que los puertorriqueños podrían estar pagando de un seis a un siete por ciento de más en su factura eléctrica debido a todas las ayudas que se financian con su dinero. En una factura de $200 mensuales, esta proporción equivaldría a $14 o $168 en un periodo de un año. Para un comercio cuya factura mensual asciende a $1,000, la partida supone unos $840 anuales. De hecho, el director ejecutivo de la AEE, Jorge Rodríguez, indicó que la implantación de nuevos subsidios podría provocar en los próximos años un aumento en la tarifa de luz. “A la larga, más subsidios podrían provocar un aumento tarifario. Si sobrecargas a la corporación, es el cliente quien lo va a pagar”, indicó Rodríguez.“Costos escondidos” Mediante leyes aprobadas por la Legislatura, la agencia beneficia, entre otros, a la industria hotelera, empresas que amplían sus instalaciones, agricultores, iglesias, beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional, así como los residentes de residenciales públicos, incluyendo aquellos que no cualifican para asistencia social por su nivel de ingresos.Pero la AEE también cubre la totalidad del gasto energético de los gobiernos municipales mediante un acuerdo extrajudicial -en el 2004- que ha resultado ser sumamente perjudicial para la agencia ante las dramáticas alzas registradas en el costo de los combustibles fósiles. Según datos suministrados por la agencia, el monto total del consumo de los gobiernos municipales se disparó un 9.5 por ciento durante los últimos tres años fiscales.Aunque la corporación ha emprendido un agresiva campaña para que el consumidor residencial y comercial conserve energía, admite que el consumo energético de los municipios no se ha podido controlar, ya que la gran mayoría carece de planes de conservación. El gobernador Aníbal Acevedo Vilá aprobó una orden ejecutiva para que las agencias desarrollen sus propios planes de conservación, pero aún la corporación desconoce si la iniciativa ha redundado en un ahorro de energía. La deuda de las agencias públicas estatales alcanza los $300 millones y a diferencia del cliente promedio, que se expone a un corte inmediato de servicio ante atrasos, el Gobierno se ha acogido a extensos planes de pago. A pesar de la alarmante cantidad de dinero que la corporación pública destina para costear los subsidios y las aportaciones a los municipios, funcionarios de la AEE, en repetidas ocasiones, han manifestado su oposición ante comisiones legislativas a una ampliación de los beneficios que también atentan contra los ingresos disponibles para mejoras de la infraestructura energética del país.De hecho, Rodríguez es quizás el crítico más férreo a las ayudas que se otorgan mediante asignaciones de los ingresos de la corporación. “Hay casos meritorios, realmente. Pero los subsidios los debería costear el Gobierno central. Las corporaciones públicas no las deberían pagar porque, a la larga, los pagamos todos y la Legislatura debería asignar fondos recurrentes para costearlos”, indicó.Se benefician los del PANEn subsidios y créditos directos a ciudadanos y comercios, la corporación pública desembolsó en el 2007 cerca de $69,586,974 y la partida más grande de esta cantidad ($19,106,007) se destinó para cubrir el gasto energético de los recipientes del PAN y los vecinos de los residenciales públicos. Algunos, dependiendo de su nivel de consumo, pagan apenas un dos por ciento de lo que se le cobraría a un cliente regular por la misma cantidad de energía utilizada.A todos los hoteles y hospederías -con más de 12 habitaciones- la AEE le otorga un descuento de 11 por ciento en su factura de luz que el año pasado fue costeado con una asignación de la corporación de $5.6 millones. Este crédito se facilitó a través de una legislación aprobada en julio de 1985 y otra enmienda de 2002. Otra asignación que se otorga por un periodo de cinco años a toda empresa avalada por la Compañía de Fomento Industrial ascendió a $5.4 millones. Según confirmaron ejecutivos de la corporación, muchas compañías coordinan la construcción de sus nuevas instalaciones tomando en consideración el preciado incentivo que se aprobó por otra ley. Las iglesias, entre otras organizaciones de bienestar social, también recibieron un descuento energético que se costeó con otros $3,427,334 de la misma partida de ingresos, generada por el pago de la factura de los clientes de la agencia. Pero la tajada más grande de la repartición se la llevaron los municipios. Antes de aprobarse una fórmula que garantizaba la cubierta de su factura eléctrica, la AEE distribuía entre todos los municipios el 7 por ciento del total de sus ventas y esta cantidad se giraba en contra de la deuda eléctrica de los ayuntamientos. La cantidad restante la tenían que pagar los municipios, aunque éstos usualmente aplazaban los pagos e intentan cubrir su deuda a través de los impuestos que les aplicaban a las mejores capitales de la corporación que se realizaban en su jurisdicción.Pero a través de una rebuscada fórmula, se exime a la corporación de pagar impuestos a los municipios a cambio de costear toda la energía que éstos consumen. Según indicaron ejecutivos de la empresa, el cambio en las relaciones contractuales entre los municipios y la empresa ha afectado negativamente sus finanzas y ha desalentado la conservación energética. “No hay una motivación para los municipios para ahorrar energía”, admitió el director de Planificación y de Protección Ambiental de la AEE, Juan Alicea Flores. Pero los intentos por continuar desangrando las finanzas de la corporación continúan aun con los altos costos que enfrentan la mayoría de los abonados de la corporación. Más comercios piden que se les aplique la factura residencial, que resulta ser menos cara que la comercial, y algunos industriales aseguran que todas sus operaciones deberían disfrutar del descuento del 11 por ciento.
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