11 de febrero de 2008

Por: El Nuevo Dia

La semana pasada el Gobernador propuso en su mensaje sobre el estado de situación del País eliminar el 4.5% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que le corresponde al Gobierno Central, reduciéndolo de 7% a 2.5%, garantizando así los recaudos para el Fondo de Interés Apremiante y los Municipios.

En sustitución del IVU estatal, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá propuso regresar al esquema de un arbitrio general excluyendo los alimentos no procesados y las medicinas recetadas.
El Primer Ejecutivo afirmó que el arbitrio general lo pagan los comercios e importadores y no el consumidor.

Tal afirmación es en parte cierta, pues son los importadores quienes remiten el dinero por concepto de recaudo al Departamento de Hacienda. Sin embargo, ese impuesto escondido pasa por toda la cadena de distribución hasta que llega al consumidor.

Un impuesto escondido es uno indirecto, que en el ciclo de producción y sin saberlo lo paga el consumidor, pero que no es incluido en el precio final. En el 2005, cuando la Comisión Especial de Reforma Fiscal recomendó sustituir el arbitrio general por un impuesto al consumo, afirmó que eliminaría el efecto cascada que resulta cuando se imponen arbitrios que se convierten en parte del costo del producto.

En Puerto Rico hay varios impuestos especiales o impuestos escondidos que se pagan al momento de la compra. La cerveza que se toman en el pub paga un arbitrio especial que en el 2007 produjo $207 millones en recaudos para Hacienda. Los espíritus destilados recaudaron $52 millones, unos $41 millones las pólizas de seguro y $396 millones los vehículos de motor. Todos estos son impuestos que día a día paga el consumidor, a veces sin saberlo. Esto sin contar los impuestos de comunicación, por concepto del teléfono móvil o internet, entre otros.

En Estados Unidos, varias organizaciones no gubernamentales han estudiado el tema. En el 1997, la National Taxpayer Union reveló un estudio que descubrió que ese año los estadounidenses pagarían $2,462 en impuestos escondidos. Para el año 2001 la cantidad aumentó a $2,642 por ciudadano, un total de $657 millones según el Instituto de Innovación Política (IPI, por sus siglas en inglés).

El estudio, titulado “Impuestos escondidos ¿cuánto realmente pagamos?”, identificó varios de los impuestos que pagan los estadounidenses y que por la relación política de los Estados Unidos, son extensivos a Puerto Rico. Estos incluyen, impuestos corporativos, impuestos sobre la gasolina, seguro social, impuestos de ocupación hotelera, líneas aéreas y telecomunicaciones.
Afirmaron que estos tributos elevan los precios, y reducen las ganancias de los accionistas, la compensación de los empleados y las inversiones en capital.

Despachar el anuncio del Gobernador con un argumento de que los precios bajarán y que el consumidor no los pagará es simplista. Al final del día, los estudios demuestran que el consumidor pagará ese impuesto.

Ante este momento histórico que vive el País, cuando las casas acreditadoras han colocado bajo “observación” alguna de la deuda pública, es necesario que las decisiones que se tomen en las próximas semanas tengan racionalidad económica y no raciocinio político.