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19 de febrero de 2008

Por: Primera Hora


Los cargos que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) transfiere al consumidor para financiar los subsidios que otorga a diferentes sectores gubernamentales, comerciales y residenciales aparentemente contravienen un estatuto federal que prohíbe la sobrefacturación por gastos que no guardan relación directa con el consumo de electricidad del abonado.


Anualmente, la corporación pública otorga cerca de $228.6 millones en subsidios a corporaciones sin fines de lucro, iglesias y para cubrir el consumo total y parcial de los municipios y los residenciales públicos, respectivamente. El gasto se descuenta de los ingresos netos de la corporación que se generan a través del dinero de los abonados.


Pero, la disposición federal aprobada en el 2005 y que actualmente es analizada por la AEE establece que las corporaciones que proveen el servicio de electricidad no pueden añadir ningún gasto adicional a la factura del consumidor sin una explicación detallada en su factura. La práctica, conocida en inglés como cramming, también incluye el cargo por un servicio que no ha sido solicitado.


"La corporación disfraza factores que provocan un aumento en tarifas. Nos han convertido en una de las jurisdicciones de Estados Unidos que más cara vende la electricidad", indicó el presidente de la comisión senatorial de Asuntos Federales y del Consumidor, Orlando Parga, quien propone establecer una Junta Revisora de Tarifas de Servicios Públicos. La dependencia tendría la encomienda de evaluar cualquier nuevo aumento tarifario propuesto por las corporaciones públicas, como la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).


Mediante una portavoz de prensa, la AEE sostuvo que estudiará el estatuto para determinar su posible aplicabilidad en Puerto Rico. La legislación le otorga a la Comisión Federal de Comercio (FTC) la facultad de fiscalizar corporaciones que incurren en la práctica.


La AEE también le transfiere al consumidor el gasto incurrido por el hurto de electricidad. Recientemente, el director ejecutivo de la AEE, Jorge Rodríguez, indicó que la cantidad de personas que hurtan electricidad se ha disparado en los últimos meses. Estimados de la corporación del 2004 apuntan a que un tres por ciento de los abonados de la AEE podría estar incurriendo en el delito grave.


La transferencia de cargos no autorizados en la factura energética ha provocado demandas de clase contra la corporación, así como varias investigaciones legislativas.


La millonaria cifra que se destina para los diferentes subsidios se computa dentro del misterioso renglón de "compra de energía" de la factura, la principal razón para el elevado costo del servicio.


La corporación estima que los ciudadanos podrían estar pagando cerca de un siete por ciento de más en sus facturas por estos subsidios.


"Quien paga, al final de cuentas, es el consumidor, ya que la corporación resuelve sus problemas administrativos pasando su déficit al bolsillo de los clientes", indicó el senador, quien considera que el tema de los subsidios otorgados se debe revisar para que el consumidor no resulte afectado. Opinó el legislador que las ayudas deberían provenir de las ganancias reportadas por las empresas que proveen los servicios esenciales.


La Junta, propuesta por Parga, estaría compuesta por representantes de la industria, los comercios, las entidades de profesionales y los consumidores.


Estudios de la comisión de Parga revelan que la AEE les puede deber hasta $90 millones a sus clientes por gastos innecesarios.