19 de marzo de 2008

Por: La Opinion

La Oficina del Procurador General del estado de California clausuró ayer seis oficinas hipotecarias de la zona metropolitana de Los Ángeles, alegando que los dueños emplearon métodos ilícitos para ofrecer "préstamos injustos e ilegales" a cientos de dueños de vivienda, muchos de los cuales perdieron su propiedad.

Según la querella entablada ayer en el Tribunal Superior de Los Ángeles por el procurador Edmund Brown, las oficinas hipotecarias Lifetime Financial, Nations Mortgage, Greenleaf Lending, Virtual Escrow, Olympic Escrow y Direct Credit Solutions ?las cuales operaban en las ciudades de Encino, Glendale, North Hollywood, Canoga Park y Los Ángeles? implementaban prácticas usureras para embaucar a sus víctimas, quienes intentaban solucionar su crisis hipotecaria.

 "Estas compañías utilizaban presión psicológica, fraude y mentiras con tal de cumplir su objetivo", comentó Brown en un comunicado.

 La clausura de dichas empresas viene a ser parte de las primeras respuestas oficiales a la especulación en el ámbito inmobiliario, que mantiene al país sumido en una crisis que aumenta al paso de los días.

De hecho, el estado de California se encuentra en el segundo lugar en procesos de embargo por esta razón, con uno de cada 242 propietarios que ha recibido una notificación al respecto. Además, se contabilizan 53,629 propiedades en esta situación.

A petición del procurador, el tribunal de Los Ángeles congeló ayer los bienes de las empresas, además de las cuentas de banco de los involucrados, liderados por Eric Pony, de 25 años, y presidente de Lifetime Financial.

La orden de congelamiento incluye la confiscación de 10 vehículos lujosos, entre ellos cuatro Mercedes Benz, dos Ferraris, un Bentley, un Land Rover, un MBW y un Audi, así como cantidades millonarias de dinero en propiedades ubicadas en varias localidades, incluyendo Las Vegas, Nevada.

Las propiedades fueron disfrutadas por Pony, quien junto con su hermana Paulette Pony, de 23 años, y su madre Wilma Pony, de 58, entre otros, defraudó a por lo menos 70 personas en un lapso de cinco años, dijeron las autoridades.

Los hermanos Pony habían aceptado ayer entregarse voluntariamente a las autoridades para enfrentar cargos de conspiración, fraude, robo de identidad y abuso de ancianos, informaron las autoridades.

Tras las rejas se encuentran cuatro de sus cómplices, Jacob Franco, de 46 años; Carol Pencille, de 57, Sibpun Ampornpet, de 31, y Jason Burbidge, de 35, reveló ayer Michael Ramos, procurador del condado de San Bernardino durante una conferencia de prensa.

Todos encaran una pena máxima de hasta 24 años en una prisión estatal, aseguró Ramos durante la sesión en donde asumió que los defraudadores podrían haber victimado a cientos de personas en todo el estado.

"En San Bernardino sabemos de siete víctimas, pero estamos seguros de que hay más. Se sabe que estas personas procesaban hasta mil solicitudes cada seis meses", comentó Ramos. "No tendremos piedad en su contra, utilizaremos todos los recursos para que paguen por sus despiadados crímenes".

Según las autoridades, los sospechosos contrataban telefonistas que se encargaban de contactar a las posibles víctimas, las cuales fueron descritas como personas de la tercera edad e inmigrantes con bajo nivel de entendimiento del idioma inglés.

Los defraudadores ofrecían refinanciamiento de propiedades con intereses irreales, oportunidad que para las personas con problemas hipotecarios era difícil de ignorar, añadió Ramos. Cuando el cliente se negaba a aceptar el trato, los sospechosos falsificaban firmas y documentos para obtener las ganancias, acción que propició el embargo de varias propiedades.

Entre las víctimas se encuentra Rosa Estrada, residente de Huntington Park, de 65 años, quien confió ciegamente en los defraudadores que supuestamente le reducirían la hipoteca mensual de 2,600 dólares a 1,500 por la propiedad de dos recámaras y un baño.

Según Estrada, un hombre identificado como Julio César Pérez, le prometió reducir el interés mensual de 7.5% a 6.5% fijo por la propiedad adquirida en 2002 por 195 mil dólares, algo que nunca ocurrió. Al recibir el primer cobro mensual de 3,847.79 dólares, Estrada se percató del posible fraude y canceló toda orden de proceso.

"Nadie me hizo caso, perdí la casa que tanto trabajo me dio conseguir. Les pagué 29 mil dólares por el proceso de refinanciamiento, me prometieron que recibiría dinero pero nunca me llegó nada", comentó Estrada por teléfono con voz angustiada. "Cómo puede haber gente tan mala, gente sin escrúpulos, gente que merece la cárcel de por vida".

Otra de las víctimas es Luis García, de 76 años y oriundo de Perú. García, quien aceptó un préstamo por 50 años con un interés que le disminuiría el pago mensual a mil dólares, se percató del fraude cuando recibió una carta donde se estipulaba que el nuevo pago sería de 2,254 dólares con un interés del 7.95%.

Debido al engaño, García está a punto de perder su propiedad de la ciudad de San Bernardino. El anciano declaró en su testimonio con las autoridades haber firmado documentos en el idioma inglés a pesar de tener poco entendimiento.

Por los supuestos actos delictivos, las autoridades exigen un pago civil de 2,500 dólares por cada violación, además de una confiscación permanente de las 16 propiedades supuestamente adquiridas por la familia Pony de manera ilegal.