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  Por el libro
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13 de junio de 2008

Por: El Nuevo Dia


Rafael Álvarez visitó ayer una de las principales cadenas de farmacias. No eran ni las 8:00 a.m. cuando entregó su prescripción médica. Cuando finalmente lo llamaron, casi a las 10:00 a.m., la farmacéutica le anunció que sólo le podía despachar uno de los tres fármacos recetados pues se había "caído" el sistema de computadora que permite facturar los medicamentos a los planes médicos.


"A veces te dicen que te la dan en una hora y pasan cuatro y cinco (horas) y todavía. Esto es un abuso", dijo molesto el hombre que padece de hipertensión y de los riñones. Top of Form 1


Mientras tanto, en una farmacia de la comunidad, Luis Roig, un comerciante de 36 años, esperó unos 15 minutos por el despacho de un medicamento mientras Romeo Erazo, empleado de una compañía de seguros, no esperó ni cinco minutos por el suyo.


"Esta es una de las razones por la cual desde hace un año siempre vengo a farmacias como ésta", dijo.


Según Freddy Cruz, gerente de la Farmacia Ivette, en Guaynabo, allí diariamente se despachan unas 300 recetas con un tiempo de espera promedio de unos 30 minutos.


Desde el pasado 12 de mayo el tiempo de espera de la entrega de una receta debe ser, precisamente, de 30 minutos o menos. De la farmacia no poder cumplir, tiene que informárselo al paciente para que éste decida si espera o acude a otra farmacia, según el reglamento que radicó en el Departamento de Estado la Oficina del Procurador del Paciente a tono con la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Cada violación conlleva penalidades desde $500 hasta $5,000.


Según el documento, si los medicamentos ordenados no están disponibles en la farmacia, se amplía el tiempo a 24 horas o menos, término que se le debe indicar al cliente para que éste decida si espera o va a otra farmacia.


Mientras, la Asociación de Farmacias de la Comunidad radicó un recurso de revisión ante el Tribunal Apelativo para impugnar el reglamento.


Según Elda Sierra, presidenta de la Asociación, le corresponde al Departamento de Salud implantar tal reglamentación y supuestamente invade áreas de la Ley de Farmacia de Puerto Rico, entre otros argumentos.