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  Por el libro
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20 de junio de 2008

Por: Primera Hora

“La transacción la hizo Pedro Rosselló y yo le compré a quien le compró a Pedro”. Eso sostuvo ayer el dueño de Pan American Grain, José González Freyre, al defender que él hubiese adquirido en $2.5 millones el molino de arroz de Arecibo, esto mientras el presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, anunciaba que ese cuerpo investigará el proceso de esa compraventa.

En 1996, el propio González Freyre había ofrecido $4.5 millones por el molino de arroz.

Como parte del proyecto de siembra de ese grano, en la década del 80, el gobierno de Carlos Romero Barcelo invirtió más de $2 millones en esa instalación.

Ayer, en una entrevista con PRIMERA HORA, el dueño de Pan American insistió en que la compra del molino tiene que ser considerada como una que concluyó en noviembre de 2000 con otra empresa que no era suya.

En esa fecha, dijo que se firmaron los documentos de compra entre la administración de Rosselló y la empresa Trofima por $2.8 millones.

“Yo lo que asumí luego fue una deuda que Trofima tenía con el Gobierno”, afirmó González Freyre..

Cabe señalar que en 2000 el empresario no se conformaba con que el molino de Arecibo fuese a parar a manos de sus competidores.

Buscaba en aquel entonces que el contrato de venta, concedido sin subasta, fuese declarado nulo, un deseo que lo lleva a demandar tanto a Trofima como al Departamento de Agricultura.

Según contó González Freyre, en 1996 su empresa Pan American Grain había ganado una subasta que lo habría convertido en dueño de la estructura, subasta que poco después le cancelan “por tecnicismos”.

“Me dijeron que allí no había condiciones para hacer nada, que había bombas del Departamento de Defensa enterradas en el subsuelo. Todo eso era embuste”, indicó.

Mientras la demanda contra Agricultura y Trofima seguía su curso, “pasaron los años” y González Freyre se describe a sí mismo “solo contra la corriente”.

En 2006, según dijo, son los dueños de Trofima los que le ofrecen venderle la empresa, incluido el contrato de alquiler y venta del molino.

Aquel contrato había sido estructurado como pagadero a 20 años y cuando Pan American Grain lo obtiene ya el Gobierno había recibido unos $300 mil.

González Freyre precisó ayer que la venta del molino no se llevó al Registro de la Propiedad porque había un pagaré del Gobierno extraviado y la finca aledaña al molino tenía que ser segregada.

 “La finca donde está la propiedad que ellos vendieron es más grande que lo que se compró”, indicó.

La semana pasada, el actual Secretario de Agricultura dijo que esa segregación aún está pendiente.

González Freyre aseguró ayer que Agricultura conocía de su transacción con los dueños originales de Trofima cuando él decide retirar el recurso legal de los tribunales.

 Dijo que nadie de esta administración, “ni el Gobernador (Aníbal Acevedo Vilá), ni nadie” le ayudó a obtener el molino a bajo precio porque él lo que hizo fue “comprar lo que otra empresa ya había comprado”.

Pesquisa cameral

El presidente de la Cámara presentó ayer una resolución para que se pesquise el proceso de venta y adjudicación del molino de arroz.

“Su venta a un precio que representa casi un 10 por ciento del precio al que fue adquirido por el Gobierno levanta serias interrogantes sobre la integridad de ese proceso de venta”, dijo el líder cameral.

Aponte añadió que la investigación cobra mayor importancia cuando a estos datos se añade el hecho de que la compañía Pan American Grain recientemente fue allanada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y González Freyre es uno de los acusados en el caso criminal contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

También aludió a que desde hace meses se viene denunciando públicamente la alegada práctica monopolística en la industria de arroz de Pan American.

“Nos preocupa cómo, a pesar de las objeciones que anteriormente esbozaba Aníbal Acevedo Vilá con relación a la contratación y las relaciones de negocios con individuos acusados por crímenes de cuello blanco, ahora su administración defiende estas contrataciones y negocios que a todas luces exhiben unos visos de incumplimiento con los estándares de sana administración”, dijo Aponte.