26 de septiembre de 2008
Por: Rep. Jenniffer Gonzalez
La representante Jenniffer González anunció hoy la presentación de querellas ante el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental contra jefes de distintas agencias que violaron la orden del Secretario de Justicia sobre contratos a personas o entidades a cuyos miembros se les haya encontrado causa probable para arresto.
“Desde junio de 2006, como resultado de una Opinión del Secretario de Justicia está prohibido extender contratos a personas a las que se les haya encontrado causa probable para arresto. Sin embargo, a Ramón Velasco Escardille y a José González Freyre, coacusados con el Gobernador por conspiración, los premian con jugosos contratos pagados con fondos públicos”, denució la representante quien añadió que “de nuevo queda demostrado que a Acevedo Vilá le importa poco la ley y que ese menosprecio está regado por toda su administración. Todo Puerto Rico sabe que estas personas están acusadas junto al Gobernador por violaciones a la ley electoral, conspiración, interferencia con el comercio interestatal por comunicaciones fraudulentas a través de correos electrónicos, fraude y lavado de dinero, entre otros, pero eso no le quita que le sigan extendiendo contratos a diestra y siniestra”.
González presentó a los medios la Opinión del Secretario de Justicia del 8 de junio de 2006 (Consulta Núm. 06-188-A), en la que éste interpreta las Leyes 458 de 2000, 84 de 2002 y 237 de 2004, sobre la ética y parámetros a seguir en la contratación de bienes o servicios y la adjudicación de subastas. En dicha Opinión, en la que se le requería su interpretación de cómo proceder cuando personas que están siendo investigadas en el foro estatal o federal por alegado mal uso de fondos públicos, el Secretario de Justicia ordenó a todas las agencias e instrumentalidades públicas adoptar en todos sus contratos, cláusulas en las que se requirieran certificaciones de que a la persona a contratar, ya sea natural o jurídica (ni ninguno de sus accionistas, socios, oficiales, principales, empleados, subsidiarias o compañías matrices) no se le haya encontrado causa probable para su arresto, por ningún delito contra el erario, la fe o la función pública; contra el ejercicio gubernamental; o que involucre fondos o propiedad pública, en el ámbito federal o estatal.
En la Opinión el Secretario también ordena a todas las agencias a incluir una cláusula contractual a los efectos de que se resolverá el contrato, en caso de que se determine causa probable contra el contratista para el arresto por la comisión de algún delito contra el erario, la fe o la función pública; contra el ejercicio gubernamental; o que involucre fondos o propiedad pública, en el ámbito federal o estatal.
“Aun siendo ilegal, a Ramón Velasco Escardille, Tesorero del Comité de AAV para Comisionado, la Autoridad de Tierras, la Administración de Terrenos, el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional, y la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno, lo han beneficiado con $426,000 desde que fue acusado y le hallaron causa para arresto. Por su parte, a José González Freyre, Presidente de Pan American Grain Company y extremadamente generoso donante de AAV y el Partido Popular no le revocan los contratos que por más de $9 millones tiene con la Autoridad de los Puertos, el Municipio de Ponce y la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario”, reveló la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
La representante proveyó copia de los registros de contratos de la Oficina del Contralor que revelan los contratos que los dos coacusados mantenían con distintas agencias desde que se les encontró causa para arresto el pasado mes de abril. Inclusive, el registro revela que a Velasco Escardille la Guardia Nacional le extendió el contrato 2009-F00006 el 1 de julio, por $50,000, y en esa misma fecha, la Administración de los Sistemas de Retiro le extendió el contrato 2008-000213 por $45,000. Ambos con vigencia hasta el 30 de junio de 2009.
En cuanto a José González Freyre, tan reciente como el 12 de agosto la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario le extendió a su compañía Pan American Grain el contrato 2009-000006 por un total de $3,010,948.00 con vigencia de un poco más de un mes (hasta el 30 de septiembre de 2008). Éste sin embargo, mantiene contratos corrientes por más de $6.9 millones, aun cuando la orden del Secretario de Justicia obliga a la cancelación de los mismos.
“Si algo hemos aprendido de Acevedo Vilá y el Partido Popular es que cuando eres amigo de ellos el crimen paga, y paga con fondos públicos,” aseveró González, quien añadió que “el Secretario de Justicia, quien es el llamado a hacer respetar la ley, tiene que cumplir con su deber y ordenar inmediatamente la cancelación de todos estos contratos y actuar contra todos los funcionarios de estas agencias que intervinieron en la otorgación de los mismos. Se han burlado de la ley. Van y presentan al tribunal mociones en las que aceptan que cometieron delito, que son criminales pero que por uno u otro tecnicismo el tribunal federal no debe intervenir. Inclusive, tienen la desfachatez de decirle al tribunal federal que los delitos son estatales, y el Secretario de Justicia, en vez de radicarle cargos permite que sigan beneficiándose de los fondos públicos. Pero que el pueblo esté claro, en enero nos encargaremos de todos ellos, incluyendo los funcionarios que se han prestado para esto. Tendrán que enfrentar la justicia y devolver el dinero que le han quitado al pueblo en contratos nulos e ilegales”.
La representante también condenó el hecho de que otros dos coacusados en el caso del Gobernador sigan empleados del Gobierno. Luisa Inclán Bird se mantiene en el puesto de Ayudante Especial Auxiliar en la propia oficina del Gobernador con un salario de $6,260 mensuales, y Ricardo Colón Padilla, ex director de finanzas del PPD, es subdirector de la Administración de Servicios de Salud (ASES) y su salario asciende a $7,000 mensuales ($84,000) anuales.
