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  Por el libro
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15 de julio de 2020

Primera Hora

Una mujer fue arrestada por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) el pasado 10 de julio por presuntamente cometer fraude bancario ascendente a $779,135, informó hoy el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

Se alega que Ana Luisa Martín Alfaro comenzó un esquema de fraude en el año 2013 para obtener dinero mediante engaño y depositarlo a unas cuentas bancarias que ella controlaba.

La Fiscalía federal indicó que Martín Alfaro “se promocionó como alguien que podría ayudar a individuos, entidades u organizaciones sin fines de lucro” a tramitar ayudas económicas federales “para construir instalaciones de vivienda asistida y viviendas para personas de bajos ingresos en Puerto Rico”.

La mujer falsamente se presentó ante sus clientes como una persona certificada por agencias del gobierno federal para recibir las tarifas y los desembolsos necesarios para completar las solicitudes de las ayudas federales. Luego, ese dinero lo depositaba en distintas cuentas bancarias que ella administraba bajo los nombres de “Federal Funds Organization, Inc.”, “International Federal Faith Based Consultants”, “Educational Service Corp.”, “Federal Consulting Service Corp.” y “Community Helpers, Inc.”, agregó la Fiscalía.

Se indicó que Martín Alfaro dijo a sus clientes que esas organizaciones no estaban asociadas con ella. “Martín Alfaro declaró falsamente que los fondos se depositaron en cuentas del gobierno federal, que las cuentas a las que ella tenía acceso fueron auditadas por el gobierno federal y que los fondos se utilizarían exclusivamente para el proceso de solicitud de subvención”, mencionó la Fiscalía.

La sospechosa gastó el dinero de sus clientes en ventas minoristas, alimentos, viajes, entretenimiento y automóviles, según Fiscalía.

Martín Alfaro también pagaba gastos de oficina, servicios públicos y un monto limitado de gastos de su presunto proyecto para hacer creer que la solicitud de la ayuda federal sería exitosa, sostuvo Fiscalía.

Si es declarada culpable, la mujer enfrentaría una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1,000,000. El fiscal federal Edward G. Veronda tiene a cargo el caso.