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  Por el libro
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1 de febrero de 2018

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Maribel Rodrigo.- Los operadores privados de televisión se han rebelado contra las nuevas tarifas elaboradas por las entidades de gestión de derechos de autor por el uso de su repertorio. La subida de tarifas de la Sociedad General de Autores (SGAE), de nada menos que de un 40% respecto a lo pactado en 2015, ha tensado la cuerda de un conflicto que podría acabar en los tribunales.

Los operadores también cuestionan el aumento de precios de AGEDI (entidad que representa a los productores de fonogramas) y AIE (Artistas, Intérpretes y Ejecutantes), por lo que se niegan a firmar el nuevo convenio “por abusivo” y han optado por efectuar pagos a cuenta. Argumentan que “no ha habido ninguna circunstancia en el mercado para justificar esta subida”.

La SGAE ofrece a las teles dos tarifas principales: una por uso efectivo (que depende de la demanda) y una Tarifa de Disponibilidad (TDP), que se calcula fijando un porcentaje de la facturación publicitaria y que incluye conceptos tales como la obra musical o la literaria.

Las cadenas no pagan por el uso real que hacen de los contenidos de autores representados por las entidades de gestión de derechos, publica El Pais, sino que abonan una especie de tarifa plana sobre sus ingresos que les permite acceder a todo el catálogo. De hecho, pagan lo mismo por la música del telediario que por las series de ficción o los formatos musicales.

En 2015 las televisiones privadas nacionales abonaron a la SGAE por la TDP un 3,75% de sus ingresos publicitarios, lo que sumó 1.805 millones. Ese mismo año entró en vigor la Ley de Propiedad Intelectual que, entre otras cosas, obligaba a las negociar las tarifas con las asociaciones de usuarios. Pero desde entonces no ha existido entendimiento entre las partes.

La SGAE ha publicado unilateralmente subidas del 20% sobre ese porcentaje de ingresos publicitarios tanto en 2016 como en 2017 (lo que suma un 40% en dos años) e incluso en algunas partidas se duplican en este periodo las tarifas de 2015. Por su parte, las cadenas se niegan a asumir la subida por ‘irreal’ y quieren que las cuotas se fijen en función del valor que aportan a los usuarios.

Para terminar de complicar las cosas, la ADEPI (la asociación que agrupa a las principales entidades de gestión de derechos de España) asegura que las tarifas han sido presentadas ante la Comisión de Propiedad Intelectual y cumplen los criterios que marca la ley.

Alguien no dice la verdad o, al menos, dice verdades a medias. El tiempo y, en el peor caso los tribunales, dirán si el mercado está o no preparado para asumir esas subidas de tarifas que las cadenas consideran abusivas y la SGAE ve amparadas por la ley.

Mientras tanto, ha entrado en escena el tercero en discordia: los propios autores. La entidad internacional de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) asegura que cada vez más autores se dan de baja en la SGAE y encargan la gestión de sus derechos a este organismo por considerar que su modelo de pago por uso es más equilibrado, como reclaman las televisiones. En unos meses sabremos dónde queda la disputa.