San Juan – Luego de una vista Pro forma, en la cual se limitó a 15 minutos la participación de los deponentes, más de 15 organizaciones empresariales destacadas del País hicieron un reclamo urgente al gobernador Luis Fortuño para que detenga las intenciones del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), de aprobar mediante reglamento lo que la Ley de Cierre no contempló. 

De igual forma, solicitaron al Gobernador que cumpla con el compromiso expuesto en los diversos foros empresariales en los que recientemente ha participado, así como en las promesas contenidas en sus Mensajes de Estado en torno al comercial local, en especial al pequeño y mediano sector empresarial.  

“Esta vista fue una Pro forma, en la que los oficiales examinadores se limitaron a escuchar las ponencias sin hacer ninguna pregunta, por mas de dos horas que duraron los trabajos. Es una falta de respeto y de consideración a los empresarios que allí nos dimos cita. La manera en que se llevo a cabo el proceso denota una predeterminación de la agencia en el tema, a favor de las multinacionales. El reglamento es totalmente discriminatorio dentro de los mismos sectores comerciales y arbitrario contra los comerciantes locales. De igual forma, va en detrimento de los mejores intereses del consumidor”, explicó el presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Ferdysac Márquez. El presidente finalizó emplazando al Gobierno a “ponerle acción al verbo”.

Por su parte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Enid Monge, sostuvo que “es muy lamentable que tratándose de un tema tan relevante para el sector empresarial local, la participación de las organizaciones se haya limitado a solo 15 minutos.  Ciertamente, el tiempo tan limitado no era el razonable para exponer el impacto que las enmiendas integradas en el 2009 tuvo en el sector pymes del País, impacto que será aún mayor si el reglamento propuesto es aprobado. Es preocupante que se continúe promulgando reglamentos y leyes sin un adecuado análisis de necesidad e impacto. Esto denota una falta de interés y compromiso genuino con el empresarismo local”.

Monge añadió que el CUD representa 240 farmacias de la comunidad. “Se estima que cerca del 85 por ciento de las farmacias de la comunidad están bajo la categoría pymes, por tanto pueden vender lo que deseen, ya que están exentas de la Ley de Cierre. Además, los estudios de impacto reflejan que precisamente este sector es uno de los que ha sufrido un impacto significativo”, alegó.

DACO pretende promulgar un reglamento sobre la Ley de Cierre, que les permitiría la venta de alimentos no confeccionados durante las horas de la mañana de los domingos y días feriados a las cadenas de farmacias extranjeras, así como a aquellos comercios que operen farmacias, mientras se obliga a los supermercados y otros comercios a permanecer cerrados.

Al igual que el año pasado, la promulgación del reglamento se fundamenta en una alegada necesidad del consumidor de comprar comestibles en los horarios de cierre, aspecto que no fue probado mediante estudio alguno.  Lo que sí fue meridianamente evidenciado, mediante diversos estudios, ha sido el impacto detrimental que las enmiendas integradas a la Ley de Cierre ha tenido en el pequeño y mediano sector empresarial. Impacto que será aún peor, si el reglamento propuesto llega a ser aprobado. 

“No existe justificación lógica y razonable para lo propuesto, que no sea beneficiar a un grupo limitado de cadenas.  No existe necesidad alguna para lo que se pretende hacer. Por más de 40 años los comercios WIC, supermercados y los pequeños y medianos establecimientos han suplido al consumidor de estos productos y nunca hubo una queja ni de necesidad, ni de accesibilidad y mucho menos de nutrición”, expresó otro de los deponentes de la vista pública, Miguel Rivera, asesor legal de la Asociación de Comerciantes Autorizados WIC.

Sostuvo también que “casualmente ahora, cuando los comercios que hoy promueven el reglamento han sido autorizados como comercios participantes WIC, es que se plantea esta alegada necesidad.  El Gobierno no puede caer en esta falsa, en detrimento del mayor propulsor de su economía”.

Cabe destacar que una contundente mayoría de los deponentes, representativos de cerca de 40,000 empresarios locales, se expresaron en contra del reglamento propuesto, entre los que se destacan: La Cámara de Comercio del Oeste, la Asociación de Comercio de Cabo Rojo, el CUD, MIDA, la Unión de Mayoristas, la Asociación de Detallistas de Gasolina, Asociación de Industriales del Pan, Industriales del Hielo y la Asociación de Comercios Autorizados WIC, entre otras organizaciones empresariales.

Solo 4 deponentes se expresaron a favor en las vistas públicas celebradas: Walgreens, Walmart, Asociación de Detallistas de PR (organización que representa a las multinacionales) a través de su presidente Edwin Rodríguez quien a su vez es directivo de Walgreens, y la Cámara de Comercio, la cual apoyó la postura expuesta por dos de sus socios, Walmart y Walgreens.

Los portavoces de las organizaciones empresariales manifestaron que mientras los comercios locales cierran y aumenta significativamente el número de desempleados en la Isla, las cadenas de farmacias extranjeras y multinacionales acaparan el mercado.

Casualmente, todas las organizaciones expresaron un rotundo “Basta Ya” al Gobierno en torno al apoyo preferencial que durante los pasados años se ha dado a cadenas multinacionales, dejando rezagado al comercio local.