El Vocero
La situación económica que atraviesa la Isla sigue trastocando la industria de las funerarias. Entre los pasados cinco meses, seis funerarias han tenido que cerrar operaciones, entre las que figuran instituciones dentro de la industria como Rodriguez Osorio o La Cruz en San Juan.
Sin embargo, el panorama se complica, cuando los municipios ahora han comenzado a cobrar por el uso de los cementerios, así como el proveer escoltas o ambulancias, las cuales según los funerarios no les son solicitadas, pero igualmente les son facturadas. Dichos costos, que pudiesen iniciar en los $50 en algunos municipios y elevarse por encima de los $300 en unión a varios servicios en otros, les están siendo facturados a las funerarias, costos que ante la significativa baja que alegadamente se han visto obligados a implementar en sus servicios, tienen que transferir a los clientes. Ante la situación, a muchos de los clientes se les está imposibilitando pagar adicional por los servicios, lo que ha comenzado a generar una fuerte preocupación entre los funerarios, quienes no descartan, se comience a ver una proliferación de cadáveres sin ser solicitados en la morgue y que tenga que ser el estado quien disponga de los cuerpos.
El presidente de la Asociación de Funerarios, Eduardo Cardona, aceptó que todavía la situación no se ha tornado tan peligrosa, porque los puertorriqueños son bien tradicionales y velan y sepultan a sus muertos, lo que no ha permitido un avance superior en la cremación, que hoy solo acapara el 25% del mercado. “Los municipios están utilizando a los funerarios para imponerle cargos a los contribuyentes, ya que los cementerios, así como el uso de ambulancias o escoltas los selecciona la familia, no el funerario. Nosotros, solamente dispones del cuerpo a selección del familiar, no hacemos ningún otro uso de los cementerios”.
Cardona aceptó, estar sorprendido ante el nuevo impuesto establecido por el Alcalde de Yabucoa a las funerarias mediante ordenanza municipal. La Ordenanza establece que dicho municipio podrá cobrarles a la funeraria la cantidad de $150 por concepto de uso del cementerio a los contribuyentes de Yabucoa, mientras que la cantidad se elevaría a $225 para los externos. En el caso del municipio de San Lorenzo, han establecido igualmente un impuesto sobre las partidas que ya un comercio paga por concepto de patentes municipales. Este impuesto ha sido aplicado de forma retroactiva y es de un 50% sobre la patente ya pagada por el comercio al municipio.
“Esto representa un doble impuesto, cosa que no resulta legal según hemos sido orientados. Con estas acciones lo que va a suceder es que los comercios que se han mantenido pese a la crisis económica terminen cerrando operaciones. Esto resultará en una mayor pérdida para los municipios. Apelamos a una mesura y razonabilidad en los municipios. Los cargos implantados por el Alcalde de Yabucoa sin duda representan un impuesto al ciudadano a través de las funerarias ya que el enterramiento del cadáver no constituye un servicio fúnebre ofrecido por las funerarias. Es verdaderamente inaudito que se siga imponiendo cargas a un sector que apenas puede sobrevivir en una economía tan crítica. Mucho menos que se utilice este sector para la imposición de impuestos adicionales al consumidor, cuando el servicio al cual se aplica no es un servicio funerario”, sostuvo Cardona en momentos donde reconoce que igualmente les están cobrando $100 por escolta y $100 por ambulancia, servicios que nadie les solicita, pero igualmente les facturan, inclusive en ocasiones donde han suministrado el mismo.
Pero el problema no parece limitarse a esos dos municipios, David Adames, propietario de Adames Memorial, aseguró que Carolina está cobrándoles $50 por el uso del cementerio, incremento en gastos operacionales a los que se les suma el alza en los sellos de rentas internas para permisos de enterramiento, las múltiples multas que les dan al no poder sacar los permisos de enterramiento por Internet, “porque el sistema simplemente es deficiente”, el alza en los certificados de defunción y el alza en el IVU que se paga por servicios funerarios por encima de los $4,000.
“Ya las funerarias hemos bajado los costos lo más posible. Casi no es rentable operar un negocio como este. Los funerarios, finalmente estamos haciendo un favor a los alcaldes, porque si esta industria colapsa, dicha responsabilidad va a recaer en sus manos”, sostuvo Adames.
Pero las quejas no parecen limitarse a los funerarios, decenas de arecibeños han expresado su disgusto ante la nueva imposición del municipio por el cobro del mantenimiento del cementerio, el cual les ha sido cobrado retroactivamente desde el 2013. El que no pague lo adeudado se ve imposibilitado de poder enterrar en sus tumbas, las cuales alegan han comprado y a un alto precio. Igualmente, aseguran que las condiciones del cementerio evidencian que el municipio no hace nada por el mismo, sino que son los dueños de las tumbas, lo que tienen que mantener las mismas y sus alrededores.
El pasado año, EL VOCERO presentó la situación que se estaba experimentando en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde muchos familiares por no poseer los recursos económicos para el funeral, los mantenían en el mismo por varios días hasta que conseguían la cantidad requerida. Por ello, fue aprobado un nuevo impuesto al consumidor vía orden administrativa del ICF, que representa un cargo de $50 por concepto de almacenaje del cadáver a la funeraria seleccionada por la familia a partir de las 6:00 pm del día siguiente de haberse realizado la autopsia o examen externo, cuantía que los funerarios aseguraban también tendría que ser transferida a los familiares.
Datos de la Asociación reflejan que el 90 por ciento de la industria de servicios fúnebres está compuesto por pequeñas empresas nativas que reinvierten su ganancia y capital a nivel local. Se estima que esta industria genera cerca de 4,000 empleos, directos e indirectos a través de 225 funerarias en Puerto Rico.
